En una entrevista concedida a El Mundo, economía y negocios, la Superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Ana María Rodríguez, señaló que con la resolución publicada recientemente en Gaceta Oficial se pretende fijar el valor del metro cuadrado de la construcción y el justo valor de la vivienda para generar equidad y justicia social respecto a los cobros de cánones de arrendamientos y los precios a los que deben ser ofertados los inmuebles si se quieren vender.
Rodríguez indicó que para establecer el precio de la vivienda se toman en cuenta elementos como las dimensiones del inmueble, la vulnerabilidad sísmica, la zona donde se encuentra, el valor de la reposición (cuánto costaría la vivienda si se construyera hoy día) y el estado de la infraestructura.
«Se dice que el inmueble está perdiendo valor porque no se va a considerar la zona de Caracas donde está ubicado y que uno de Altamira vale igual que el de Propatria. Eso depende de las condiciones del inmueble y no de la ubicación. Al momento de aplicar la fórmula se determina el valor del inmueble, el porcentaje de apreciación, el estado de conservación, el mantenimiento y no necesariamente la ubicación en la zona urbana», explicó.
Asimismo, Ana María Rodríguez destacó que el índice de la inflación no puede ser una variable que se tome en cuenta para fijar el precio del inmueble porque ésta se aplica solo cuando se construye el mismo. «El índice de inflación no lo van a percibir las personas toda su vida. Eso se aplica en la oportunidad en que se hace la construcción de la vivienda, pero no de manera progresiva. El inmueble a medida que pasa el tiempo se va depreciando, pero este es el país de la lógica al revés», comentó.
Rodríguez señaló que el establecimiento de este canon permitirá que quienes actualmente pagan un precio excesivo de alquiler paguen el valor justo, de acuerdo a la realidad social y económica y no la del mercado.
La Superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda advirtió que si el propietario de un inmueble fija el canon de arrendamiento de forma unilateral, estaría incurriendo en un ilícito. «Las personas deben ir a la superintendencia para que que haga revisión y el resultado será una resolución anexa al contrato, que a su vez debe estar notariado. Sin esa resolución, las notarías públicas no van a recibir los contratos de arrendamiento», indicó.
