Las graves revelaciones que hace la ex juez Afiuni al periodista Francisco Olivares y dan lugar al reciente libro de éste, La presa del comandante, conmueven hasta en la fibra más honda. Los hechos irritan, causa asco, sobre todo desnudan a la podredumbre instalada en el Estado de Venezuela, cuya degeneración, para ser imparciales, es obra de la larga extensión del mandato conferido a sus autoridades.
Quizás inspirado en las obras de Platón dice bien el historiador católico, John Lord Acton, que el poder absoluto corrompe absolutamente, y este es el caso, y la Afiuni es su emblema o consecuencia más ominosa. Su dolorosa y testimonial confesión encuentra eco en un periodista serio y reconocido, jefe de investigación del diario El Universal. De modo que, la declaración que al ras realiza la ministra de la mujer, señalando que la ex juez no le ha denunciado su circunstancia, a saber, que fue violada por sus carceleros y como parte de la persecusión a que la ha sometido el gobierno al que sirve la primera, revela en ésta y en éste la impudicia que hoy les carcome.
En los regímenes hechos de oprobio, donde las leyes no cuentan para sus funcionarios y se le aplican con arbitrariedad suma a quienes discrepan, nadie denuncia, todo es silencio. Ello es elemental allí donde el pánico y la servidumbre ideológica se instalan. Menos pueden hacerlo quienes medran tras las rejas y son víctimas diarias de hechos criminales, de lesa humanidad, como el confesado por la presa del Palacio de Miraflores en un último grito de desesperación que emula a quien conoce de los límites entre la vida y la muerte.
Resulta enojosa, pero típica de quienes delinquen y se ufanan de sus tropelías, por lo demás, la declaración en colectivo de los funcionarios de nuestras prisiones. Descubiertos ante la opinión intentan hacer ver que los centros penitenciarios de la revolución son conventos carmelitanos. Ninguna cárcel lo es, menos las nuestras cuyas tragedias recogen en demasía los informes de los organismos de derechos humanos; esos de los que, paradojalmente, se retira el gobierno violador de la intimidad física y moral de nuestras mujeres privadas de libertad, antes de que lo reciba con honores el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
¿Es acaso fábula o irresponsable afirmación el control de lo carcelario que ejercen los llamados «pranes» – criminales de cabecera – y el sistema de mafias dominante, a un punto que el mismísimo Teniente Diosdado Cabello, jefe del parlamento y del partido oficial, se ve obligado a negociar con éstos?
A buen seguro que las damas del poder, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General de la República, y la Defensora del Pueblo, callarán, o dirán que se trata de infamias producto de la controversia política o de «ollas» montadas por los enemigos del Comandante Presidente. !Y es que el derecho o los derechos de la mujer los asumen como privilegio propio que no cuenta para «las» Afiuni, tanto que en el pasado reciente aquéllas le abren causa al editor de Sexto Poder por «violencia de género» una vez que osa caricaturizarlas en las páginas de su semanario!
Pero los hechos allí están, crudamente expuestos en el libro de Olivares. Interpelan a la conciencia de los venezolanos y ofenden a la conciencia de la Humanidad. La juez Afiuni, quien por cumplir con su deber – otorgarle la garantía de juicio en libertad a un adversario del Presidente, ante la ausencia reiterada como deliberada del Ministerio Público en estrados – es privada de libertad por órdenes del primero y luego, dentro de una cárcel que depende del mismo, es víctima de violencia en su integridad personal, muestra de suyo lo que ocurre cuando el mal absoluto hace cuna dentro de gobiernos absolutos, extraños a la civilidad.
De modo que, releo y a propósito lo declarado en abril pasado por el Coronel Eladio Aponte Aponte, vértice de nuestra justicia penal durante lo que va del tiempo revolucionario y obsecuente subalterno – por razones de disciplina, según lo arguye – de Hugo Chávez Frías. Allí revela sin pudor como se encarcelan a inocentes o liberan culpables cada semana, según los deseos y órdenes gubernamentales. Desde Caracas, pues, se usa de la justicia para perseguir a los disidentes y las cárceles son reclusorios de los que huye despavorida la dignidad y toda razón de textura humana.
El asunto es, en suma, que media una política de persecusión sistemática de Estado por razones políticas y concluye en actos de «esclavitud sexual», «embarazo forzado», «violencia sexual», como el que sufre la juez Afiuni, por ende constitutivos de crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Se trata de crímenes imprescriptibles. Sus responsables habrán de ser juzgados alguna vez, tarde o temprano. Pero el asunto peor es que también son responsables, de tales hechos, los venezolanos quienes, mediante el voto, le han reiterado su confianza al régimen despótico que les somete y desprecia, y asimismo quienes con él negocian, desde la oposición, la amnistía y el olvido.
[email protected]
