Los colombianos se encontraban divididos entre la ilusión de que pueda haber un alto en los ataques guerrilleros y la desconfianza hacia las FARC, que desde este martes declararon una tregua de dos meses para mostrar su compromiso con el diálogo de paz recién instalado en La Habana.
«Sería magnífico que ese cese el fuego se haga realidad. Nosotros estamos en una plegaria a los espíritus para que se logre la paz», dijo a la AFP Luis Acosta, miembro de la guardia indígena del Cauca (suroeste), la región de Colombia donde en los últimos años se ha vivido con más crudeza el conflicto.
«Diariamente muchos de nuestros niños no pueden ir a estudiar ni a jugar. Un diálogo sin cese el fuego no da credibilidad. En cambio, si realmente hay una tregua se comienza a ganar confianza», señaló Acosta.
Las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con unos 9.200 integrantes en la actualidad, instalaron el lunes en La Habana una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que busca poner fin al conflicto armado de casi medio siglo, en el que han participado también otras guerrillas de izquierda, paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes.
Desde principios de septiembre, cuando se anunció el proceso de paz, la guerrilla planteó un cese bilateral de las hostilidades, que el gobierno ha rechazado hasta ahora.
Sin embargo, al arrancar las pláticas en La Habana el lunes, la comandancia de las FARC anunció que cumplirá una tregua unilateral entre este 20 de noviembre y el próximo 20 de enero.
«Es una contribución decidida a fortalecer el clima de entendimiento necesario para que las partes que inician el diálogo alcancen el propósito deseado por todos los colombianos», dijo Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC, al anunciar el cese de hostilidades.
Para Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, se trata de «una buena decisión, que ayuda a reducir la violencia con un impacto positivo en la confianza».
Tras el anuncio, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseveró que las fuerzas armadas no cesarán su actividad. «Esa es la postura muy clara que corresponde a la Fuerza Pública, seguir trabajando con toda decisión para perseguir a esos individuos que han violado todo tipo de códigos, de normas y han atentado contra la vida y la honra de los colombianos», dijo.
Tanto el presidente Santos como la delegación del gobierno que se encuentra en La Habana han guardado silencio sobre el tema.
«Me parece bien que el gobierno, a través del ministro de la Defensa, reitere que no detendrá sus acciones. Esa ha sido su posición desde el principio y no la modifica», dijo Vargas.
«Lo deseable es que esta tregua de la guerrilla sea una cuota inicial para un alto el fuego permanente. Sin embargo, hay que tener claro que si decide no prorrogarlo después del 20 de enero tampoco se podría decir que las conversaciones con el gobierno van mal, porque se trata de una decisión unilateral que no se pactó», explicó el académico.
Entre los obstáculos con los que tiene que lidiar las FARC en este proceso de paz es la desconfianza de importantes sectores de la población, luego de que fracasaron tres intentos anteriores (1984-87, 1991-92 y 2000-2002).
«Ojalá las FARC cumplan y no acudan a maniobras de distracción que son difíciles de controlar. Apostemos a que están bien intencionados y van a respetar una iniciativa que es de ellos», dijo a la AFP la congresista Consuelo Perdomo, quien fue rehén de las FARC por casi seis años.
Luis Eduardo Celis, investigador en la Corporación Nuevo Arco Iris, que estudia el conflicto armado, advirtió también sobre los riesgos que implica la tregua guerrillera.
«Se van a medir varias cosas: si el mando de las FARC tiene capacidad para hacerla cumplir, si hay saboteadores del proceso, y si el gobierno puede identificarlos y aclarar los hechos violentos que eventualmente se presenten», dijo Celis a la AFP.
El conflicto armado de Colombia, el más prolongado de América Latina, ha dejado a lo largo de cinco décadas unos 600.000 fallecidos, 15.000 desaparecidos y más de 3,7 millones de personas desplazadas por la violencia.
Foto archivo
