Colombia anunció el martes que estudia pedir aclaraciones o una revisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le recortó una extensa y rica zona marítima en el Caribe para cederla a Nicaragua, en una sentencia inapelable que caló hondo en Bogotá.
La decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas adoptada el lunes es de obligatorio e inmediato cumplimiento, y poco después de divulgarse, provocó reacciones opuestas entre los mandatarios de ambos países.
Aunque la Corte Internacional le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico.
«Estamos estudiando unas posibilidades de unos recursos jurídicos que la misma corte los tiene, pero ante todo queremos ser juiciosos y serios en el estudio del fallo», dijo a periodistas la canciller María Angela Holguín, en la isla de San Andrés, uno de los territorios reclamados por Nicaragua.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, una alternativa agitada por el ex presidente Alvaro Uribe pero que es contraria a la tradición histórica de Bogotá, dijeron expertos.
«Una cosa es que se mantengan discrepancias y otra muy diferente el desacato a lo resuelto en la sentencia, actitud que Colombia de ninguna manera puede asumir sin perjuicio de la solicitud de aclaración de algunos puntos o de la eventual y remota viabilidad de un recurso extraordinario de revisión», dijo el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.
El experto aseguró que las relaciones internacionales se sustentan tanto en la soberanía como en el respeto a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
«No podemos dar el espectáculo de un país perdedor que acoge lo que le es favorable y rechaza lo desfavorable», preciso Hernández.
Del otro lado, Uribe recomendó al Gobierno dar la espalda a la sentencia de la Corte Internacional.
«Que no se cumpla (el fallo). Yo prefiero que el país tenga que enfrentar fricciones, dificultades diplomáticas a que siga entregando pedazos de la patria a jirones», dijo Uribe, quien por primera vez se comunicó telefónicamente con su sucesor Juan Manuel Santos, de quien se distanció por la decisión de negociar la paz con la guerrilla, entre otros.
En la tarde del lunes, luego de que el fallo del tribunal se divulgara, el presidente colombiano dijo que el veredicto estaba salpicado de «omisiones, errores, excesos, inconsistencias», lo que le valió que su par de Nicaragua, Daniel Ortega, tildara el rechazo a la decisión judicial como una «falta de seriedad».
REPERCUSIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Las repercusiones de la sentencia amenazan también con crear dificultades internas al Gobierno de Santos, quien tiene el respaldo de una sólida y amplia coalición en el Congreso.
Algunos legisladores plantearon la posibilidad de citar a la canciller a un debate de responsabilidad política, un hecho que podría desgastar al Gobierno y alterar sus relaciones con los congresistas.
«Necesitamos hacer una revisión con cabeza fría de lo que se hizo para revisar las responsabilidades políticas: saber quién lo hizo bien, quién lo hizo regular y quién lo hizo mal», afirmó el senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco, quien propuso una moción de censura a la canciller.
No obstante, si Colombia decide atacar el fallo tendría dificultades para hacerlo debido que su Constitución establece que todos los tratados que se refieren a las fronteras y límites
deben ser aprobados por reforma constitucional, de acuerdo con el Gobierno.
La aprobación de una reforma para cambiar la frontera de Colombia con Nicaragua tendría un alto costo político para el Congreso, principalmente para los partidos de la coalición de Gobierno.
El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país por los escándalos de corrupción.
Santos dejó entrever el lunes en la noche que acatará el fallo y aseguró que su Gobierno obrará respetando las normas jurídicas, pero también «defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos».
Un desacato del fallo podría crearle dificultades a Bogotá con gobierno vecinos como los de Venezuela -aliado de Managua y centro neurálgico del bloque de Gobiernos de izquierda ALBA- y Ecuador, con los que recientemente restableció sus relaciones diplomáticas y comerciales.
«De todas maneras es un concepto emitido por la Corte Internacional que tiene que ser acatado y eso podría ocasionar una serie de problemas, sensibilidades bien fuera con Nicaragua o con otros países miembros del ALBA», dijo Martha Ardila, directora del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Javeriana de Bogotá.
