Guerrero discutirá contratos con trabajadores regionales de llegar a la Gobernación de Lara

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El candidato a la Gobernación de Lara por el Movimiento Ecológico de Venezuela, César Guerrero, aseguró que el personal adscrito a los sectores salud, educación y la Gobernación de Lara puede contar conque en su gobierno, de ganar las elecciones regionales, no tendrá problema alguno en sentarse a discutir sus contrataciones colectivas.

“Discutiré estos contratos, que lamentablemente superan los diez años sin negociación alguna. Como profesional del derecho soy defensor de los derechos colectivos de los trabajadores y creemos que estos no pueden ser menoscabados por la indiferencia de los gobiernos regionales”, dijo.

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De igual manera, Guerrero ratificó su compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno nacional y los municipios para combatir la inseguridad, sobre todo ante la falla de operatividad para mancomunar esfuerzo entre todos los niveles de gobierno.

“Es la única manera de darle una respuesta efectiva al pueblo larense, que necesita tener un gobernador en cuyo periodo impere la paz y la unidad con los alcaldes. Esta diatriba pelea y mezquindad política sólo afecta a los larenses”, expresó.
Una de las primeras decisiones de Guerrero como mandatario regional sería el lanzamiento de un plan operativo para atacar de raíz a la criminalidad, así como trabajar por cambios importantes en la normativa jurídica del país para que se ajuste a la realidad.

“Tenemos unas normas jurídicas que son ineficaces, por ello deben ir de la mano tanto la parte operativa como la parte sancionatoria, de manera que las leyes sean efectivas”, comentó.

De hecho, el candidato se compromete a exigir una revisión al proyecto de Ley Desarme que actualmente se discute en el seno de la Asamblea Nacional, para determinar la concepción del desarme de la población que se propone en el instrumento, sus alcances y procedimientos.

El aspirante propone que las sanciones para el porte ilícito de armas sean mucho más fuertes y por lo menos el castigo se ubique entre los doce y dieciocho años de prisión, para que quienes practiquen el delito se vean obligados a dejar de llevar armamento.

“Si la sociedad avanza mientras la normativa legal se queda estática, esta última se vuelve ineficiente porque nadie le presta la debida atención”.

Foto: Elías Rodríguez

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