Los escándalos sexuales siempre existieron, desde el incestuoso Calígula al
pervertido Berlusconi y del infiel Clinton al torpe Petraus. Pero ahora
tienen más impacto porque se conocen con facilidad y existe mayor conciencia
sobre que las conductas impropias minan la credibilidad de las
instituciones.
Por ello fue correcta la renuncia del encumbrado general David Petraus a la
dirección de la CIA, tras una investigación del FBI que descubrió que
mantenía una relación extramarital con su biógrafa, Paula Broadwell, una
joven militar en retiro. La misma pesquisa reveló toda una trama que ni
Hollywood podría igualar, que involucra a Broadwell hostigando por celos con
Petraus a otra mujer, Jill Kelly, que a su vez mantenía comunicaciones
«inapropiadas» con el general John Allen, a quien esta semana se le relevó
como responsable del retiro de 68 mil soldados de Afganistán para el 2014.
En este retorcido y tragicómico cuadrilátero amoroso, no se habría vulnerado
la seguridad nacional, según explicó el presidente Barack Obama el
miércoles, pese a que el FBI sigue investigando más de 30 mil páginas de
correos entre los generales y las mujeres.
Más allá de si la joven Broadwell tenía información clasificada o acceso
privilegiado que hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional o de si se
aplicará el Código Militar que castiga con degradación y prisión de un año
el delito de adulterio, quedó en evidencia que las fuerzas armadas son más
eficientes en lidiar con el enemigo en campos de batalla que en asuntos
internos. De ahí que el ministro de Defensa, León Panetta, como ocurrió
cuando explotó el escándalo entre miembros del servicio secreto
estadounidense y prostitutas en Cartagena, haya solicitado una revisión de
la instrucción sobre ética y buen comportamiento que reciben los oficiales.
En algunos países se observa con cierta incredulidad que una relación
extramarital pueda derrumbar la carrera de Petraus, así como la de muchos
políticos estadounidenses, considerándose que se trata de hechos de índole
privada. Sin embargo, esta política de «tolerancia cero», de algo más de dos
décadas, está basada en que se espera que quien elige o acepta el servicio
público, también asume la responsabilidad de respetar estándares de
honestidad e integridad, a sabiendas que la conducta individual difícilmente
puede dividirse entre lo público y lo privado.
De ahí el mérito de algunas preguntas: ¿Puede un funcionario ser honesto o
dar la apariencia de que lo será, si se le descubre robando un reloj de una
tienda? ¿O manejando en estado de embriaguez o no pagando sus impuestos? ¿O
manteniendo una relación extramarital o acosando sexualmente a otra persona?
Las conductas personales de los funcionarios repercuten en la pérdida de
confianza que el público ha depositado en ellos. De ahí que algo impropio,
moral o legal, merma la credibilidad de la función, como sucedió con el
italiano Silvio Berlusconi o el francés Dominique Straus-Khan. Situación
similar que por estos días vive la cadena pública inglesa BBC, que está
perdiendo el brillo de su prestigio, porque le resulta difícil explicar por
qué no investigó que su ahora fallecido conductor estrella, Jimmy Savile,
era un pederasta consumado, sobre quien pesan más de 300 denuncias de
mujeres a quienes habría abusado cuando eran menores de edad, incluso en su
propia oficina.
Se trata de un nuevo mazazo contra la credibilidad de la prensa inglesa que
todavía no cicatrizó las heridas que le dejaran periodistas y directivos del
desaparecido News of the World de Rupert Murdoch, muchos ahora en prisión
por haber interceptado llamadas telefónicas de políticos y celebridades.
En cuanto a Panetta, es correcta la decisión de fomentar una mayor ética
entre los altos mandos militares. Pero el riesgo es que este escándalo de
Petraus sepulte vergüenzas aún mayores y todavía irresueltas. El Pentágono
estableció que en un año se registraron 3.192 denuncias de abuso sexual en
las fuerzas armadas, y que 1 de cada 3 mujeres militares ha sido asaltada
sexualmente. Si se considera que las mujeres representan el 14.5% de una
fuerza de 1.4 millones de personas, se trata de un problema mucho más grave
que resolver que esta trama de infidelidades y probables fisuras en la
seguridad nacional.
