El ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos debe
motivar al Estado a tomar en cuenta las 13 recomendaciones en materia de libertad de expresión que recibió el país durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado hace un año.
Así lo señaló la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitido este jueves a propósito de la decisión conocida el martes 12 de noviembre. Según la ong, «persisten las limitaciones para el ejercicio de este derecho en el país».
«Este exhorto cobra vigencia al constatar que ocurrieron 159 incidentes de agresiones y obstáculos contra la libertad expresión e información en el país, entre el 7 de octubre de 2011 y el 7 de octubre de2012, aun año de la celebración del EPU Venezuela de acuerdo a los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela)», señaló el documento.
Esto implica, precisó la organización, un incremento de 57% en relación con el mismo período de los años2010 a2011, que sumó un total 91 casos.
Desconocimiento de la realidad
Así mismo, a juicio del Instituto Prensa y Sociedad, resulta incierta la posición asumida por el gobierno de Hugo Chávez en representación del Estado venezolano ante el Consejo de DDHH, en cuanto a la supuesta aplicación de una política para «promover el efectivo ejercicio de la libertad de expresión e información en Venezuela». esta posición, recordó la ong, lo hizo rechazar 13 de las recomendaciones planteadas por los países miembros.
Por el contrario, la realidad indica que «las limitaciones a la libertad de expresión se han agudizado», y además que las observaciones desestimadas estaban fundamentadas.
«La mayoría de los casos reportados durante este período están relacionados con el desconocimiento de las recomendaciones planteadas durante el EPU Venezuela por Francia y Australia, que estipulaban la necesidad de velar por el respeto y el pleno ejercicio del acceso a la información pública, y la urgencia de establecer las medidas para combatir las amenazas y los ataques contra la prensa», manifestó la organización defensora de DDHH.
Finalmente, la organización no gubernamental recordó que será en 2016 cuando Venezuela vuelva a rendir examen ante el Consejo, que evaluará el avance y cumplimiento de las recomendaciones. En este sentido, «exhorta a las autoridades gubernamentales a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por los demás países, en materia de libertad de expresión, a fin de construir, junto los distintos sectores de la sociedad, un panorama óptimo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en información».
Justicia politizada
Por otro lado, la ong denunció que otra de las situaciones recurrentes en Venezuela es la «arbitrariedad en la aplicación de la justicia y la falta de mecanismos en los casos de violaciones a este principio fundamental».
«Durante el EPU, el gobierno nacional rechazó la propuesta de Israel que establecía acabar con «la cultura de impunidad que rodea los casos de represalias por disentir, los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, el abuso de fuerza por actores no estatales, la ejecución de delincuentes y otras graves violaciones de derechos humanos», recordó en el comunicado.
Igualmente, agregó el IPYS, Israel sugirió a Venezuela abolir la utilización discrecional del sistema de justicia, y planteó «reforzar la independencia e institucionalidad del poder judicial».
«En esta misma línea, Eslovenia aconsejó a Venezuela cumplir las obligaciones internacionales «e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos», precisan los investigadores.
Ilustración: Archivo
