La portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, pidió hoy al Gobierno español que durantela Cumbre Iberoamericanaque se celebra desde mañana en Cádiz exija a las autoridades de Venezuela que cooperen con la justicia y dejen de proteger a los etarras en su país.
La hermana del concejal del Partido Popular vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, así lo señaló a los medios de comunicación tras comparecer hoy ante el juez dela Audiencia NacionalEloy Velasco para explicarle los detalles de la entrevista que mantuvo con un militar en una cárcel de Venezuela en la que le aportó datos sobre los vínculos de ETA y las FARC.
Ordóñez dijo que espera que el Gobierno español de prioridad a la exigencia de justicia para las víctimas frente a los negocios comerciales que pueda estar en estos momentos llegando a cerrar” con Venezuela.
El caso de Venezuela es “gravísimo”, dijo Ordóñez, que recordó que hay al menos 50 etarras “protegidos”, que “campan a sus anchas, que tienen altos cargos en el Gobierno venezolano y que son grandes empresarios”.
En este sentido, reclamó al Ejecutivo español que durantela Cumbre Iberoamericanaque desde mañana se celebra en Cádiz, exija al representante venezolano “cooperación con la justicia”.
“Para nosotros es objetivo prioritario, principal, no vamos a descansar en todo aquello que suponga denunciar y exigir el esclarecimiento de los más de 326 atentados mortales de ETA que a día de hoy se encuentran en total impunidad”, afirmó.
Covite ha incluido estas denuncias en una carta que el lunes remitió al embajador venezolano en Madrid, Bernardo Álvarez Herrera, en la que señala que esta asociación ha recabado “fuertes indicios y testimonios” sobre la actual presencia en este país de numerosos miembros de ETA implicados en atentados.
Asimismo, la misiva, que espera que también sea trasladada al vicepresidente venezolano en la cumbre de Cádiz, recuerda a las autoridades de este país los convenios internacionales que prohíben a los Estados conceder asilo a personas respecto de las que hay pruebas de su participación en delitos graves y crímenes de lesa humanidad.
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