#Opinión: Contra el abuso de poder Por: Ingrid Jiménez

Una vez más el CNE le dio la razón a los que la acusan de ser un instrumento de los deseos presidenciales. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en materia de abusos y arbitrariedades electorales, nos enteramos de su reciente decisión de realizar el cambio de domicilio de los siete candidatos “importados” del PSUV para las elecciones de gobernadores del 16 de diciembre. Esto constituye un abuso de poder y una expresión clara de la parcialidad del árbitro electoral hacia el partido de gobierno.
Veamos por qué. El registro electoral definitivo constituido por los ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto en las venideras elecciones se cerró el día 15 de abril. Por ende, si un ciudadano se mudó de Táchira a Barquisimeto, digamos el 20 de octubre, y desea sufragar en las elecciones de gobernadores deberá hacerlo en el estado Táchira, por cuanto el registro electoral, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009), ya no admite cambios.
Ahora bien, luego de seis meses de cerrado el lapso de inscripción y cambios en el registro electoral, el Consejo Nacional Electoral cambió de residencia a los siete candidatos del PSUV que no residen en los estados en los que competirán, y no conforme con esto, cambió de residencia hasta de sus familiares.
Esta decisión, definida por la rectora, ex  – ministra del gobierno actual y  ex – militante del PSUV, Socorro Hernández, como una “medida extraordinaria”,  habría pasado por debajo de la mesa, si no hubiese sido descubierta por técnicos de los factores democráticos que trabajan en la auditoría de los cuadernos de votación.
El CNE hace mucho tiempo dejó de ser un árbitro electoral, y, como  lo vivimos recientemente en las elecciones presidenciales en las que el candidato, Presidente utilizó a su antojo los medios y recursos del Estado para hacer campaña electoral y obtener votos a través del amedrentamiento y el clientelismo político.
Sin embargo, esta última decisión del CNE significa algo más. Expresa el silente proceso de discriminación política que se ha tejido en nuestra sociedad. Los miembros y organizaciones de los factores democráticos están sometidos a la arbitrariedad, el desmoronamiento de las instituciones y a la aplicación de normas hechas a la medida de los intereses del régimen. En el ámbito electoral, las limitaciones a la propaganda electoral y al financiamiento de las mismas son poco democráticas. Por el contrario, para los militantes del PSUV, las instituciones públicas y los recursos provenientes de la renta petrolera están a su servicio. Dictan y  derogan leyes según su conveniencia y, en otros casos, como el que mencionamos, sencillamente ni siquiera se cuidan de guardar las apariencias.
En definitiva el PSUV, el gobierno y el Estado son la misma cosa, y todos están subordinados a la voluntad del Presidente de la República.