Adquirir un vehículo nuevo o usado, es quizá una de las aspiraciones más importantes de la población económicamente activa, luego de la vivienda.
El deficiente servicio de transporte nacional, obliga a gran parte de la ciudadanía a realizar enormes esfuerzos por obtener un carro que le admita trasladarse de un lugar a otro con facilidad.
A diferencia de otros países, Venezuela es privilegiada por cuanto el subsidio del Estado sobre el combustible permite que cualquier ciudadano llene su tanque con algunos bolívares.
Sin embargo, la aspiración de obtener un vehículo puede ser un sueño frustrado, debido a la gran cantidad de trabas que se presentan en los concesionarios. Uno de los mercados que ha sido más impactado por la inflación, es el automotriz.
“En los concesionarios no se consiguen vehículos y hay listas de espera interminables. Por eso a la gente no le queda más remedio que comprar carros usados”, explicó un vendedor de vehículos.
De acuerdo con su versión, situaciones irregulares han cobrado fuerza en este mercado, y es que carros cero kilómetros pueden conseguirse en la calle al triple del precio original.
“Hay una mafia interna muy grande y no hay ningún tipo de control. Podemos conseguir carros cero kilómetros en establecimientos de vehículos usados, los cuales son vendidos a precios exorbitantes”.
Además, hay una caída de la oferta en los concesionarios debido a los problemas de importación y ensamblaje, realidad que dispara los precios en el mercado común.
Sin control
Cada mes, los vehículos usados registran un aumento de precio entre un 5 y 10%, dependiendo de cuán comercial y solicitado sea el modelo. “La parte positiva es que las ventas han estado bastante buenas. Todos los días salen muchos carros y es que la gente no compra lo que quiere sino lo que le alcanza”.
Ante la falta de regulación, no ha cesado el abuso hacia los clientes. “Quien compró un carro el mes pasado, quizá ahora puede ganarle hasta 20 mil bolívares más”.
En este sentido, resulta urgente que las autoridades apliquen estrategias que eviten el abuso y el impacto de la inflación sobre los precios en beneficio de los solicitantes.
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