Decir que las 108 migraciones que realizó el CNE en un universo de 17 millones de electores es “insignificante” es equivalente -como dijo el señor Juan Bustamente en El Universal del 29/10/12- a decir que los 60 asesinatos del fin de semana son una insignificancia con respecto a los que se cometieron en el resto del mundo. ¡Son crímenes y punto!
Una ilegalidad es una ilegalidad, no tiene que ver con el número de personas involucradas. Las leyes son para ser cumplidas, no para saltárselas a la torera. Los argumentos esgrimidos por la Rectora Socorro Hernández para justificar las migraciones de los candidatos designados a última hora por Chávez, sus familiares y sus comandos de campaña son una falta de respeto hacia todos los venezolanos.
Primero, porque al privilegiar a unos ciudadanos están contraviniendo la igualdad que consagra la Constitución Nacional. Segundo, porque el artículo 40 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es clarísimo
con respecto a cuál es el Registro Electoral definitivo y éste no puede ser modificado hasta que no se reabra el lapso de nuevas inscripciones y cambios de centros de votación. Tercero, porque el que se haya realizado a la luz pública (la verdad es que no estoy tan segura de que haya sido así, pues eso lo descubrieron los técnicos de la MUD) no le resta ilegalidad. Y cuarto, inaceptable la declaración de Pedro Carreño el martes 30 de que la AN no discutiría el asunto pues si la oposición hubiera solicitado las migraciones, se las
hubieran concedido.
¿Concedido?… ¿Es que acaso un poder público puede violar las leyes para hacer “concesiones”?… ¿Para qué son las leyes entonces? Por fortuna la MUD no pisó el peine y no aceptó la “ayudaíta”. ¿Cómo se atreven a tapar una ilegalidad ofreciendo ampliarla a todos?
El lunes 29 llevé una carta al CNE como ciudadana venezolana, exigiéndole al Poder Electoral que anule las migraciones realizadas fuera de lapso. Comparto con ustedes algunos párrafos de esa carta: “Ocurro ante ustedes para expresar mi más contundente protesta contra las migraciones de votantes aprobadas recientemente por ese Cuerpo en favor de ciertos candidatos del PSUV y sus comandos de campaña.
Denuncio la flagrante ilegalidad de dichas modificaciones al Registro Electoral Permanente (REP) con posterioridad al cierre de éste…
…(La aseveración de la Rectora Hernández) la considero irresponsable, desacertada y destinada a distraer la atención pública de la inmensa gravedad que tiene la derogación del principio de igualdad implícita en la comentada decisión. Nada tiene que ver en este asunto el número de reubicaciones. Es la ilegalidad que ellas suponen.
El Poder Electoral tiene el deber de velar por la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y que los derechos de los ciudadanos sean los mismos y se cumplan. (El artículo 293 de la Constitución Nacional exige a los Rectores del Poder Electoral garantizar «…la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales…». El ventajismo de que están disfrutando unos ciudadanos frente a los demás es un irrespeto al pueblo que yo condeno públicamente.
Cada obstáculo que nos ponen a los ciudadanos libres contra el ejercicio de nuestros derechos es un acicate para seguir luchando por la democracia. La democracia se fortalece con más democracia.
Quienes hoy aplauden este acto que ustedes han propiciado y avalado, mañana pueden verse perjudicados por el mismo hecho. Las injusticias no se resuelven cometiendo más injusticias”.
Claramente aquí hay una acción destinada a quebrar la voluntad del electorado opositor, a demostrarle que el poder es veleidoso hacia un sector y opresor hacia otro. Pero si todos los demócratas de este país actuamos en contra de ello, no van a poder doblegarnos. Por eso insisto en la importancia de apoyar a la MUD y de ir a votar en las elecciones del 16 de diciembre. La pelea es peleando. No necesitamos ni concesiones ni “ayudaítas”. Y mucho menos, “socorros”.
@cjaimesb
#opinión: Concesiones, “ayudaítas”, “socorros” por: Carolina Jaimes Branger
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