El estado ha venido ejerciendo una violencia contra las instituciones y la Constitución que obliga a la ciudadanía a tomar acciones enérgicas para frenar los objetivos detrás de esas acciones y anuncios.
La decisión inconsulta del Ministerio de Educación sobre los consejos educativos que pone en riesgo el sistema al incorporar a grupos y personas que carecen de la capacidad de discernimiento para decidir racionalmente sobre el futuro de nuestros niños y adolescentes.
La decisión del Ejecutivo de impulsar el sistema de comunas que impondría el control absoluto del estado sobre las personas y su tejido social cuyo objetivo final es el decidir donde vivirás , en que trabajarás, y que consumirás.
La arbitrariedad del poder electoral de realizar cambios en el Registro Electoral Permanente para que los candidatos seleccionados a dedo por Chávez puedan votar en esas jurisdicciones.
El anuncio que seguirán las expropiaciones de tierras agrícolas y galpones industriales violentando el derecho de propiedad consagrado por la constitución.
La presencia notoria de grupos dedicados al tráfico de drogas dentro de las Fuerzas Armadas lo cual pone en riesgo las acciones de la institución en defensa de nuestra soberanía en los estados fronterizos.
El comportamiento sumiso de la Asamblea Nacional al aprobar un presupuesto que quita recursos a las regiones mientras fortalece el despotismo del gobierno central.
Todo este marco de violencia de los poderes del estado no puede ser combatido eficazmente de forma individual por gremios, asociaciones, consejos comunales y ONG’s en defensa de sus legítimos intereses. Se requiere la organización de un gran Movimiento de Recuperación Cívica que frene el avance caprichoso de la ideología socialista sobre los derechos ciudadanos.
