Es sumamente positivo que se descongelen los cánones de arrendamiento controlados desde el año 2003, aunque la medida no implica una liberación de los alquileres, sin embargo, es necesario reformar de manera inmediata la Ley que regula la actividad a fin de que ambas partes puedan tener beneficios.
Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez, quien explicó que la Ley de Arrendamiento por ser de iniciativa popular, no fue consultada en profundidad con los arrendadores y por ello en la actualidad se presentan tantos inconvenientes.
Explicó que todo canon tiene que ser fijado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, sin embargo, esto no será posible hasta que el Ministerio de la Vivienda fije el valor del metro cuadrado o valor de reposición.
«Aunque lo consideramos positivo tiene que venir acompañado con una reforma de la Ley de Arrendamiento pues ha sido inoperante, ha generado muchísima escasez porque prácticamente es inexistente la oferta de viviendas en alquiler y ello ha aumentado el déficit habitacional», explicó.
Precisó que nueve años de inflación, «cercano a 250%», han afectado a una gran cantidad de propietarios que actualmente se encuentran en la ruina, en vista que la medida implicaba que no podía aumentar el alquiler anualmente.
«Miles de pequeños propietarios en los sectores populares y en la clase media han sido afectados por una ley que no ofrece la garantía de recuperar la vivienda y, en otros casos, no le otorga la oportunidad de recibir una compensación justa por la vivienda, el apartamento, la casa, el anexo o la pieza en un barrio que han construido», agregó.
Entre los principales problemas mencionó que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, la cual sustituyó a todas las 335 Oficinas Municipales de Inquilinato en el ámbito nacional, tiene presencia con una sola oficina en cada entidad y «hasta el día de hoy los superintendentes regionales o delegados no han sido nombrados».
Aseguró que existen retrasos en los procedimientos judiciales y administrativos sobre pagos a propietarios o porque necesiten la vivienda para algún familiar. «Tenemos una especie de parálisis porque estamos hablando de cerca de 40 mil juicios a nivel nacional y unos 11 mil procedimientos administrativos y no existe más de 9 defensores públicos lo cual hace una atención lenta e injusta», dijo.
Asimismo Orta Martínez estima que en Caracas existen alrededor de 1.500.000 viviendas arrendadas, pero lo ideal es que pudiera cubrirse al menos la mitad del déficit habitacional que alcanza los 2.500.000.
«Hace 10 años el 30% de las familias resolvía el problema habitacional con el alquiler y actualmente no llega ni siquiera a un 3% de la oferta global. Esto ha sido un verdadero fracaso legislativo porque es una ley que no llenó las expectativas ni para los inquilinos ni para los propietarios», sentenció.
