Por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional está en la obligación de consultar todos los proyectos de leyes que afecten a los estados y las regiones pero, no lo hace, expresa la doctora Verónica Barboza, presidenta de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo del estado Miranda.
A fines del 2010 se dirigió al Poder Legislativo para hacer una serie de observaciones al proyecto de ley de las comunas pero, observa, lastimosamente, no fueron incluidas.
Nosotros, expone, no estamos en contra de la participación ciudadana; por el contrario, bienvenida sea y en Miranda la implementamos, pero, por supuesto, bien estructurada, con controles estrictos.
El problema que vemos es que las comunidades organizadas deben responder al patrón de las comunas y están determinadas por la circunscripción de los consejos comunales o de la unión.
Lo grave es que van a tener una sola visión política, que es lo que pretende el Ejecutivo Nacional, indica. De este modo, se estaría anulando la mitad de la población y, además, seguiría generando perturbación y división entre los venezolanos.
No hay una verdadera Contraloría Social ni rendición de cuenta de los recursos, porque éstos van a ser entregados directamente a las comunidades por parte del gobierno central.
Se preguntó si la Contraloría General de la República va a tener la capacidad de verificar y revisar todas las rendiciones a que bien tengan hacer estas comunas.
En el caso, por ejemplo, de los recursos que le entregan a través del Fondo de Compensación Interterritorial van a rendir cuenta al Consejo Federal de Gobierno, es decir, en Caracas.
Las comunas son un autogobierno: se van a regular y establecer leyes propias, prosigue. Si no existe un organismo superior que las armonice, para una comuna lo que es blanco para otra puede ser negro. Pero, ¿quién va ser ese organismo? Nuevamente, una sola persona: el Presidente de la República, a través del ministerio específico.
Ilustración: Archivo
