La publicación de la Resolución 058 el pasado 16 de octubre, ha generado revuelo en el ámbito educativo. Tanto factores de oposición como del oficialismo se han dedicado a dar su opinión sobre una medida que aún no es muy bien entendida, sobre todo por los principales actores de la labor educativa como lo son los directivos, profesores, padres y representantes de las instituciones escolares del país.
No se ha publicado una normativa, reglamento y bases para la conformación de los Consejos Educativos, los alcances de los mismos aún se desconocen y por ende la expectativa ha invadido el sector escolar. La ministra de Educación, Maryann Hanson, reiteró la participación de los voceros comunales en los consejos educativos, una decisión que a juicio de la ministro había sido consultada desde el año 2009.
Aseguró que a más de 5 mil personas se les ha planteado el contenido de la resolución e incluso han hecho análisis en las regiones, sin embargo esta información no parece haber llegado a los sectores más interesados.
Para el profesor Neri Carvallo, director del colegio San Vicente de Paúl, la Resolución 058 necesita ser analizada y estudiada a profundidad junto con docentes, padres y representantes, acompañados de abogados que les permitan conocer los verdaderos alcances de la misma.
“Sabemos que es un proyecto que tiene la duración de un año y está en fase de prueba. Se harán las adaptaciones que sean necesarias en su contenido, pero creemos que obstaculiza la labor de los directivos de cada institución, restándoles injerencia en asuntos importantes de la vida escolar”.
Indicó que actualmente los diferentes colegios privados se encuentran organizando asambleas de padres y representantes para precisar el alcance, aplicación y consecuencias reales de los Consejos Educativos.
“Nunca fuimos consultados y desconocemos el contenido de la resolución. Sabemos que en otros países se encuentran presentes los Consejos Educativos, desconocemos sus características, pero si se encuentran orientados a fortalecer y mejorar la calidad educativa, no tendríamos ningún problema en recibir sus beneficios”.
Destacó que las más altas autoridades del Ministerio de Educación han expresado a través de los diferentes medios de comunicación que la Resolución 058 estaba orientada a fortalecer el proceso de socialismo en el país.
“Si es así y el objetivo es profundizar el socialismo, estaría en contradicción con el artículo 17 de la nueva Ley Orgánica de Educación y además al hablar de socialismo y aplicarse esa resolución se asume una posición política, contradiciendo el artículo 12 de la LOE”.
Alerta
Carlos Jiménez, profesor y coordinador del sector educativo e integrante de Fenatev, destacó que analizando la Resolución se han encontrado con una normativa que viola flagrantemente la patria potestad de los padres y representantes.
“Es alarmante pues la Resolución usurpa la autoridad que le confiere la patria potestad a los padres y representantes. Es un derecho natural y jurídico reconocido por el Estado venezolano y en el Código Civil, donde se establecen las connotaciones educativas que tienen los padres, sólo revocadas a través de un juzgado”.
Expresó que el colectivo de padres y madres de una escuela y un liceo son la máxima autoridad pues tienen la responsabilidad de ser los vigilantes y garantes de la educación.
“Vemos que cuando se definen los Consejos Educativos se establecen elementos en el cual participarán personas ajenas, voceros de los consejos comunales que responden a un proyecto político que busca introducir una educación marxista, leninista y socialista”.
“La población debe dejar de ser ingenua; vamos camino a una educación colectivista, que han intentado imponer en el pasado y gracias a nuestras luchas hemos podido evitar”.
Indicó que en los últimos 14 años, la educación venezolana se ha visto en su peor época, con jóvenes con dificultadas para la comprensión lectora, fallas en las áreas matemáticas entre otras, que evidencian la mala calidad escolar.
“No estamos en contra de que las personas de buena fe se incorporen para mejorar la educación de nuestros niños, pero nos oponemos a que se transmitan elementos con ideologización y pensamientos políticos”.
En la mira
La Resolución que crea los Consejos Educativos no sólo fue consultada con los legítimos actores involucrados directamente en el hecho educativo, sino que dispone sustituir a la Sociedad de Padres y Representantes por un Consejo conformado por entes que no tienen que ver con la dinámica cotidiana de las escuelas, destacó Tulio Ramírez, presidente de Asamblea de Educación.
Indicó que cuando se analizan los diez comités que conforman el Consejo Educativo, sus participantes y atribuciones, se advierten varios aspectos, entre ellos la desprofesionalización de la gestión escolar al diluir las atribuciones de los directores en personeros que no tienen las competencias para llevar a cabo la gestión de la escuela.
Así mismo, se desplazan competencias propias del Ministerio de Educación a los comités, sin la transferencia de los recursos para llevarlas a cabo y se le asigna la competencia de evaluar el desempeño de la gestión escolar a personas y organizaciones que no necesariamente poseen criterios profesionales ni académicos para hacerlo.
De igual forma, Ramírez señala que se desnaturaliza la función eminentemente educativa de la escuela al atribuirle funciones socioproductivas desligadas de un proyecto de formación integral de los estudiantes; el cúmulo de tareas exigidas a los comités y las exigencias de informes trimestrales, parecieran estar diseñadas para desestimular la participación de los padres y representantes con la idea de dejar la conducción de los mismos a entes extraños a la escuela; se incorpora a los comités de seguridad a personas y organizaciones y colectivos ajenos a la escuela, sin sopesar lo que esto puede representar en regiones con altos índices de criminalidad.
¿Por qué oponerse?
Para el abogado Antonio Figueroa, existen varias razones de carácter legal por las cuales los padres y representantes de cada una de las instituciones educativas deben oponerse a la imposición de los Consejo Educativos.
Entre ellas, destaca la eliminación de las Sociedades de Padres y Representantes y las Asociaciones Civiles de Padres, Madres, Representantes y Responsables con sus Presupuestos Programas, sin que exista un estudio previo que justifique esta decisión caprichosa y arbitraria.
Aunado a ello, crea un Comité de Padres, Madres, Representantes y Responsables, quitándoles responsabilidades en la gestión escolar al asignarle funciones disminuidas.
Estimula la participación activa comunitaria, a través de los sujetos sociales comunitarios, en la Gestión Escolar de las Instituciones Educativas, lo que podría crear un caos institucional y un saboteo al trabajo de los directores, indicó Figueroa.
Además, incorpora al pueblo organizado, representado tanto en colectivos internos de la escuela como en entes sociales comunitarios, en el ejercicio del gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas educativas públicas y proyectos orientados a responder las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las escuelas, para la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, de igualdad, equidad y justicia social, lo cual le da un grave sesgo político-partidista a la labor educativa.
Así mismo, el profesional del Derecho asegura que esta disposición encamina la educación hacia la concepción del Estado Comunal al crear una forma y un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en la gestión escolar, a pesar del rechazo que el pueblo le dio a la consulta presidencial sobre esta materia.
“La Escuela se convierte en uno de los centros del quehacer comunitario los 365 días del año y la comunidad en el centro del quehacer educativo con la formulación del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), proyecto éste que el gobierno considera necesario para el desarrollo del poder popular, lo que le da un matiz político-partidista a la gestión escolar”.
Por otra parte, elimina las actuales Normas de Convivencia Escolar y desconoce la realidad que se vive en los colegios privados del país, víctimas de un cerco financiero propiciado desde el gobierno nacional.
“El Consejo Educativo debe aprobar ahora los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria” como vía para la construcción y preservación de una cultura de paz en las instituciones educativas oficiales y privadas, con lo cual el gobierno nacional trata de evadir su responsabilidad por el clima de violencia que ha promovido desde las altas esferas del poder”.
Ilustración: Dalver Santeliz
Fotos: Archivo
