La arbitrariedad cometida por el Consejo Nacional Electoral al producir las migraciones de electores para favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es responsabilidad de la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sandra Oblitas, según el conocido profesional del Derecho, Dr. José Gregorio Zaá, especialista en materia electoral.
Señaló que esta rectora en conjunción con otros funcionarios del organismo electoral, ha incurrido en delitos muy claros y por tanto, de haber justicia en el país, serían investigados y sancionados debidamente.
Claro está, Oblitas no está sola en este caso, sino que todo hace presumir que hay un autor intelectual, que dio la instrucción para que se materializara una violación flagrante, que a pesar de la afrenta electoral que ello implica, no va a amilanar al electorado de cara a la reivindicación electoral y diputaciones regionales que se van a escoger el próximo 16 de diciembre.
Los candidatos a gobernadores puestos a dedo por el Presidente de la República, comentó, los ubica como una especie de comodines.
Ya sabemos del caso triste de Aristóbulo Istúriz, aspirante a la gobernación de Anzoátegui, quien, cada vez que Chávez le ha asignado alguna responsabilidad, no ha rendido buenas cuentas.
El ministro Tareck El Aissami, quien ocupó el despacho más importante, debe recordar su pasantía como dirigente estudiantil no apegado a las normas y, por lo tanto, no es bien visto en esa comunidad.
Erika Farías no demostró cualidades como buena funcionaria, prosiguió. Y en fin, todos ellos han sido designados por Chávez, no por las bases de su partido.
El corte del Registro Electoral fue el 15 de abril del presente año, precisó. Y lo ocurrido constituye una ilegalidad cuyas sanciones ameritaría, además de la destitución, penas por ser un delito electoral, ya que fue una ubicación arbitraria, lo cual constituye abuso.
Foto: Elías Rodríguez
