Son sumamente altas las cifras en dólares que el Gobierno venezolano, a través de Petróleos de Venezuela, entrega a otros países por concepto de fabricación de casas, mientras que a las empresas de Lara y de todo el país en el área de la construcción no los toma en cuenta.
En esta región, más de 18 mil obreros de la construcción están sin empleo, y unos 800 mil en Venezuela, que pertenecieron a esas empresas privadas que obligadas salieron del país.
Durante la investigación de este trabajo se conoció que el Gobierno ha destinado 24 mil millones de bolívares fuertes a China, 6.342 a Rusia, 12.968 a Bielorrusia, 17 a Irán, 12.512 a Portugal, 3.264 a España y 600 a Brasil.
Este pago implica un costo por encima de 122 mil dólares, sin incluir en estas cancelaciones los terrenos en los que se construyen las viviendas, ni los intereses que deben ser pagados fuera de la negociación.
Son las viviendas más costosas, en comparación con las fabricadas por el sector privado venezolano.
Pocas casas para Lara
Dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Lara apenas se registra en el municipio Iribarren un frente de trabajo en la zona norte, cerca de la urbanización Yucatán, en un lote de terreno que colinda con la urbanización Las Sábilas.
Allí se levantan unas 5.500 soluciones habitacionales ejecutadas por personal iraní, con una inversión total de 1.864.824 bolívares fuertes, las cuales comenzaron en noviembre de 2011 y se estima culminen en octubre de 2013.
El Instituto Nacional de la Vivienda regional (Inavi) anuncia que a finales de este año se esta-rían entregando 288 de estas soluciones.
La Cámara de la Construcción aplaude esta iniciativa, pero opina que próximamente se estarían sumando unas 22 mil personas a la zona norte, de las cuales si la mitad posee vehículos serían unos 11 mil carros que colapsarían el tráfico en la única vía que los comunica con Barquisimeto.
A esto se le suma el problema del agua, que es salobre, el deficiente servicio de transporte y la falta de fuentes de empleo.
El plan de la Gran Misión Vivienda Venezuela no es malo, sin embargo, el Gobierno nacional debe transferirle esta misión a las cámaras de la construcción del país con un estamento jurídico estable y políticas inalterables en el tiempo, así como con parámetros establecidos para integrar los urbanismos a todos los servicios, cree este sector.
¿Presos por construir?
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Lara, lamentó que un grupo de constructores esté tras las rejas de manera injusta, desde que el Gobierno les aplicó la Resolución que prohibió el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el 9 de julio de 2010, aunque muchos debieron abandonar el país para evitar que los detuvieran, “gracias a un sector radical del oficialismo que le llenó la cabeza de cuentos al Presidente de la República para que actuara contra ellos”.
Lau formuló un llamado al Presidente en su intención de hacer una mejor gestión para que rectifique los errores pasados, se reúna con el sector constructor e inmobiliario, con miras a que comiencen a trabajar juntos.
Pero está convencida de que, primero, debe cambiar sus asesores que no son expertos en materia de viviendas, principalmente al ingeniero Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas, presidente de Pdvsa y de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Inseguridad en las obras
Existe inseguridad en las obras, pese a que el contrato colectivo de la construcción declara el principio de paz entre los trabajadores, destaca este sector de forma alarmante.
Entre el 8% y el 10% del total de personal ha tenido problemas con la justicia por el delito de droga.
Antes se evitaban estos ingresos porque se solicitaba al obrero carta de buena conducta. Ahora este requisito está prohibido por la ley y es difícil saber si entra a la obra un exrecluso de alguna cárcel del país, lo que representa un enorme peligro para la empresa y el resto del personal.
A este clima se adiciona un discurso político agresivo que ejerce cierta influencia sobre el trabajador.
Hace poco tiempo se le pedía al obrero una certificación de su oficio emitido por el Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE), el cual preparaba entre 150 a 200 personas semestrales como carpinteros, electricistas, herreros y cabilleros.
Después que este instituto adquirió el término socialista se eliminó este método por situaciones meramente proselitistas, y ya no otorgó más esas certificaciones.
Venezuela amasa fortunas y la gente sin casa
Lau criticó que, pese a la fortuna de un millón quinientos mil millones de dólares que en los últimos años le han entrado al arca de la Nación, todavía hay venezolanos sin casa propia y sin un financiamiento para desarrollar un proyecto productivo para el bienestar de la familia.
A diferencia de los 40 años de democracia con un dólar a 4,30, se levantaron con voluntad decenas de infraestructuras en el país, entre las cuales fguraron urbanizaciones.
¿Dónde están los dólares de los venezolanos?
A esta injusticia se acumula la importación de cabillas porque la Siderúrgica del Orinoco, ni siquiera produce la tercera parte de este material que antes se exportaba a Brasil, Colombia y a las islas del Caribe, así como el envío de cemento para Colombia.
Ahora se registra un desabastecimiento de este rubro que dio paso a un mercado negro jamás visto en la historia de Venezuela, a través del cual se coloca en el pueblo el cemento a 60 bolívares y la cabilla hasta 50, “y eso lo sabe el Presidente (Chávez)”.
Ley de arrendamiento
Calificó como nefasta la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, publicada en diciembre de 2011, ya que contrajo en un importante porcentaje los alquileres tanto del sector residencial como comercial, debido a que pone en desventaja al propietario del inmueble respecto al inquilino.
Dijo Shoymei Lau que en las barriadas muchas personas que alquilaron una casa han dejado de cancelar por este servicio, amparándose en la ley, ya que los tribunales de ejecución, aunque el caso favorezca la parte afectada no actúa en el desalojo, porque el articulado lo prohíbe, en una franca violación a los derechos de propiedad.
A esto se le agrega lo apoyado que se sienten algunos inquilinos cuando el propio Presidente los arenga a ocupar bienes.
Todo ello trajo como consecuencia el desespero de la gente buscando casas para alquilar y no consiguen, justamente porque el sector inmobiliario no quiere arriesgarse.
Lamentó que actualmente la Cámara Inmobiliaria posea 40 miembros de 118 que tenía, porque ha sido fuertemente golpeada por este Gobierno, mientras en otros países se le protege, al igual que al sector de la construcción porque reactiva 30 grupos de la economía nacional.
Las cooperativas son las que construyen
Pedro Peña, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, explicó que son las cooperativas por medio de las alcaldías o la Corporación para el Desarrollo de Lara (Corpolara) las que ejecutan la mano de obra en la edificación de algunas casas sectorizadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, apartando al genuino obrero de la construcción.
Recordó que constructoras como Bricket y otras que ya no están en el mercado o se encuentran paralizadas desde el principio de 2011, ejecutaban diversos proyectos de construcción y generaban mucho empleo.
Por este caso se dejaron de hacer unos 40 proyectos de apartamentos en el este, así como casas en el norte y en Palavecino, afectando el 70% de mano de obra privada.
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