Las reubicaciones de seis de los candidatos a gobernaciones del PSUV en centros de votación diferentes al de su inscripción electoral original, ha generado una encendida polémica en el mundo político nacional y en el propio seno del ente comicial.
Voceros de la oposición y el rector Vicente Díaz, no han vacilado en admitir que la polémica inscripción de estos seis candidatos en centros de votación de las entidades donde aspiran a gobernar, pero mucho después de cerrado el Registro Electoral Permanente (REP), no sólo compromete la transparencia del ente comicial sino que incluso, se estaría incurriendo en un delito penal.
Uno de los primeros en polemizar es el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, quien calificó el cambio de los aspirantes del oficialismo, como una actuación irregular de la Comisión de Registro Electoral.
En tal sentido, rechazó el cambio de los aspirantes Aristóbulo Istúriz, quien ahora votará en Anzoátegui; José Gregorio Vielma Mora, quien sufragará en Táchira; de Yelitze Santaella, quien ejercerá su voto en Amazonas; de Tareck El Aissami, quien lo hará en Aragua; de Erika Farías, que ahora votará en Cojedes, y finalmente, de Ramón Rodríguez Chacín, quien sufragará en Guárico.
Confirmó que a última hora estos ciudadanos lograron cambiar su centro de votación después de cerrado el lapso oficial para modificar el Registro Electoral (RE) que se utilizará en las elecciones regionales convocadas para el 16 de diciembre.
Igualmente admitió que los candidatos del PSUV que no votaban en los estados que aspiran a gobernar fueron reubicados por el ente rector pese a que el proceso de cambio de residencia culminó el 15 de abril.
Tras ratificar que se trata de una acción irregular, recordó, “que esta actuación ya se ha presentado antes, lo cual constituye una acción ilegal, que pese a que no afecta los resultados electorales va en contra de la normativa”.
A su juicio es, “un cambio innecesario porque la Ley estima que las personas que se postulan a las gobernaciones debieron vivir en el estado en algún momento, pero no necesariamente cuando deciden ser candidatos”.
A su juicio, el problema radica en que “estos candidatos fueron postulados después del RE.”
108 reubicaciones de carácter ilegal
El vocero de la MUD, Vicente Bello, denunció que un total de 108 personas fueron reubicadas de forma ilegal de sus centros de votación.
Indicó que “dentro de estos cambios destacan seis candidatos a gobernaciones del oficialismo y algunos de sus familiares.”
Bello recordó que el Registro Electoral estaba cerrado a partir del 15 de abril pasado y las reubicaciones posteriores son “completamente ilegales”.
Señaló además que la representación de la MUD constató los cambios y supone que también fueron reubicados familiares de varios de los candidatos oficialistas.
Inaceptable
El representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, señaló que para la alianza opositora es inaceptable la decisión del máximo ente comicial de reubicar a 6 candidatos oficialistas, sus familiares y allegados, en los centros de votación de los estados en los cuales se medirán en las regionales.
Márquez informó, además, que la MUD realizará las gestiones necesarias para que el CNE revierta esta irregular situación a la mayor brevedad posible.
“La decisión de reubicar a cualquier ciudadano en este momento en el Registro Electoral (RE) es una decisión irregular, porque según el Reglamento Electoral, el mismo debe permanecer congelado entre la elección presidencial y las regionales.
“Esta ilegalidad se ejecutó con el fin de tapar el sol con un dedo, ya que esos candidatos fueron nombrados a dedo por el primer mandatario y no tienen vida política ni electoral en esos estados”, dijo Márquez.
Por su parte, el coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, expresó su rechazo ante lo que considera una burla a los electores por parte del organismo electoral. “Resulta insólito que los candidatos paracaidistas del oficialismo ahora aparezcan votando en un sitio distinto al que les correspondía el 7 de octubre, para que no se vea tan mal que ni siquiera votan en los estados donde son candidatos”, subrayó.
Un delito penal
También el representante del partido Copei ante el Consejo Nacional Electoral, Enrique Naime, se refirió a los polémicos cambios para alertar que “si llegara a ser cierto que se modificó el Registro Electoral Permanente, sería un delito penal y tendría que renunciar la rectora encargada y el director del registro”.
Naime consignó un documento que contempla las fallas del ente comicial, durante las elecciones del pasado siete de octubre y las propuestas para las venideras elecciones del 16 de diciembre.
Asimismo, exhortó al CNE a examinar “el ventajismo, el tema tan desequilibrado de los coordinadores de los centros de votación, quienes pertenecen al Frente Francisco de Miranda y no tienen ningún tipo de selección por parte del CNE, sino que los selecciona el partido del presidente Chávez”.
Alertó que el órgano comicial no debe dar resultados electorales, hasta que en los “30.000 centros se hagan las respectivas auditorías de mesas”. Dijo que es después de este procedimiento cuando termina el acto electoral.
Súmate: Revertirse la ilegalidad
Igualmente los representantes de Súmate, tercieran en la polémica para dejar claro que “los rectores del CNE están obligados a revertir estas actualizaciones, ya que el Registro Electoral Definitivo para las presentes elecciones regionales del 16 de diciembre fue publicado el pasado lunes 25 de junio.
-Esto significa que ya está cerrado, por lo cual el período de actualización e impugnaciones caducó, puntualizaron.
A juicio de Súmate, los rectores deben cumplir la Constitucion y las leyes. Precisan que estos cambios sólo podrían reflejarse en el corte del Registro Electoral Permanente (REP) para los venideros comicios del 13 de abril del 2013.
Fotos: Williams Toledo
