La clausura del Centro de Reeducación Artesanal de El Paraíso (La Planta) y la cárcel de Coro hace más crítica la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios de Venezuela.
Así lo considera el abogado penalista Luis Izquiel “Las cárceles del país tienen capacidad para 14.500 reclusos, pero la realidad es que tenemos casi 50.000, según cifras del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Con la clausura de La Planta y ahora de la cárcel de Coro se pierden 700 plazas, pero, además, fueron enviados esos 2.500 reos a otros penales que están igualmente saturados, por lo que lógicamente se agravarán sus condiciones de reclusión, además de propiciarse un mayor retardo procesal”, expresó.
Con la clausura de La Planta y ahora de la cárcel de Coro se pierden 700 plazas y el déficit de lugares para reos es superior a 30.000, según los cálculos realizados por los asesores del ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, lo que bajo ese mismo criterio debería traducirse en 25 nuevos reclusorios.
Precisamente ese número de nuevos centros fue el prometido en el Plan de Humanización Penitenciaria, que inició el Gobierno en el 2008 durante la gestión del exministro Tareck El Aissami, “aunque sólo se han edificado dos centros de reclusión, que son la Ciudad Penitenciaria de Coro y la cárcel de Yare III”, dijo Izquiel.
Extraoficialmente se conoció que para la construcción de 15 penales en cinco años fueron destinados inicialmente 605 millones de bolívares, de los cuales 348 millones serían invertidos en mejorar las estructuras existentes y otros 200 millones para levantar las estructuras en Carabobo y Lara, según información de la Memoria y Cuenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias.
Sin embargo, hace unos días, el presidente Hugo Chávez mediante el decreto en Gaceta Oficial 40031 anunció emergencia carcelaria por tres meses, tiempo en el cual se debe llevar a cabo “la contratación de las obras, bienes y servicios necesarios, de conformidad con el contenido de la Ley de Contrataciones Públicas en virtud de la emergencia”.
A lo que Izquiel opinó que dicho decreto facilita al Ministerio de Servicios Penitenciarios el trámite burocrático de las licitaciones para asignar las obras de construcción o reparación de los penales, pero que no soluciona la crisis penitenciaria en si.
