La posesión de un alto número de armas ilegales en manos de grupos criminales denotan la permeabilidad de las instituciones del Estado ante la corrupción y las redes de delincuencia organizada, afirmó el director de la organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño.
En el marco de las recomendaciones ofrecidas este lunes por la plataforma Monitor Legislativo, con base en observaciones hechas sobre la gestión vigente de la Asamblea Nacional, el investigador consideró que las prioridades de la Comisión de Política Interior del Parlamento sin duda deben ser la aprobación de la Ley Desarme y la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
“Hasta donde conocemos se mantienen en agenda (de la Comisión) cinco leyes que creemos son necesarias para coadyudar a disminuir los altísimos índices de inseguridad que hay en Venezuela, pero en el corto tiempo de que dispone la actual sesión parlamentaria sugerimos que se concentren en las dos que creemos tendrán mayor impacto en los índices delictivos”, explicó el defensor de derechos humanos.
El primero de los instrumentos legales ponderados por la organización tiene una mora de dos años y medio, desde que la tolda opositora Primero Justicia presentó un proyecto por iniciativa popular. Posteriormente el Ejecutivo nacional nombró una comisión que ha redactado un proyecto alternativo, en el marco de la Ley Habilitante, que aún no ha sido consignado a la AN.
El Legislativo, así mismo, designó una comisión especial que se encargará de comparar ambos textos y redactar un proyecto único.
“Esperamos que la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme designada para este propósito no sólo presente un proyecto moderno definitivo ante la AN, sino que éste debe responder a las necesidades imperiosas y generar políticas públicas de desarme que recojan y destruyan la mayor cantidad de armas de fuego que circulan ilegalmente en el país, y por todas nuestras comunidades”, manifestó Cedeño.
Igualmente, recalcó la necesidad de que junto con el instrumento legal se redacte al mismo tiempo la normativa pertinente para su plena e inmediata implementación.
“Este proyecto de ley tiene 11 normativas que tienen redactarse junto con la ley”, indicó.
Revisión interna
En relación con la segunda de las tareas legislativas con carácter imperativo, Paz Activa le otorga incluso mayor relevancia a aquella dirigida a combatir la corrupción cuya presencia en el aparato gubernamental considera es obvia.
“La disponibilidad de armas ilegales en la población y en los grupo delincuenciales denota altos índices de corrupción dentro de las instituciones del Estado que son responsables del control y uso de estas armas de fuego”, manifestó el especialista.
Esta disposición, agregó, se hace visible desde muchas aristas del funcionamiento y administración de los poderes públicos, especialmente el Poder Judicial.
“Otros factores como los altos niveles de impunidad por delitos graves y la corrupción dentro del sistema de justicia son vicios que siempre han existido por décadas en Venezuela. Todo ello puede indicar la existencia de una red de delitos organizada que promueve desviaciones graves tales como la sesión del control de los penales, que son controlados por los pranes que administran nuestras cárceles como si fueran feudos”, apuntó Luis Cedeño.
“El secuestro y la extorsión con total impunidad también son indicadores del delito organizado en nuestro país.
Todo este negocio millonario lo hace posible el delito organizado con inmensos recursos generados de sus actividades, enquistado dentro del Estado formal como se ha demostrado en otros países como El Salvador y Guatemala, con indicadores similares a los que se presentan Venezuela”, explicó.
Las reflexiones del defensor de DDHH llaman a la memoria, por ejemplo, las declaraciones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte, sobre la participación pesados funcionarios militares y civiles en una red de narcotráfico. Según la ex alta figura del Poder Judicial, el ex director dela ONA, hoy ministro del Interior y Justicia, Nestor Reverol, sería el “zar de la droga en Venezuela”.
Así mismo, destaca la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra varios militares en el gobierno venezolano por su apoyo al tráfico de drogas. Entre ellos estan el ex ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, el ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y Hugo Carvajal, nombrado hace una semana por el presidente Hugo Chávez como nuevo director nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Por otro lado, de acuerdo con Cedeño, el poder organizado en redes de corrupción tiene trascendencia internacional, y se dibuja en diversas realidades con consecuencias altamente lucrativas para quienes participan.
“Esto nos lleva al verdadero negocio que no vemos, que se extiende más allá de nuestras fronteras, como el narcotráfico, el contrabando de todo tipo de mercancías, la minería ilegal, la venta de órganos, la trata de personas, el lavado de dinero producto del crimen organizado que distorsiona las economías locales, un abanico de prácticas ilegales que genera miles de millones de dólares a estos grupos criminales internacionales que victimizan a los más pobres en todos los países del mundo”, señaló.
Ayuda
Paz Activa, junto con su socio en esta iniciativa que es el Laboratorio de Ciencias Sociales, ha creado el Observatorio del Delito Organizado Transnacional con base en Venezuela.
“A través del mismo queremos coadyudar a los organismos del Estado venezolano y también a los organismos públicos y privados de todos los países que puedan verse afectados por este fenómeno, pero especialmente a la
Comisión de Política Interior de la AN, nos ponemos a la orden de cualquier modalidad que ellos consideren, para contribuír a la redacción de este proyecto de reforma de ley que desde nuestra capacidad como organizaciones de la sociedad civil queremos ayudar al Estado a superar, manifestó Cedeño.
Foto: Williams Toledo
