La conformación de Consejos Educativos para intervenir en la orientación que deben tener las escuelas y liceos públicos y colegios privados, en sustitución de las sociedades de padres y representantes, sigue generando alarma entre varios sectores de la sociedad larense.
La falta de claridad en cuanto a los integrantes de las nuevas instancias (consideradas como “cogobiernos educativos”) es uno de los aspectos que genera confusión y preocupación.
El abogado Joel Rodríguez Ramos, recuerda que esta situación se planteó en el marco del rechazo que la sociedad civil manifestó en contra de la Ley Orgánica de Educación, y señala que la alarma se vive más en el seno de los colegios privados que los públicos, donde hay mayor libertad en materia de educación.
La inquietud radica en quienes son los ciudadanos habilitados para conformar los Consejos Educativos, porque la figura elimina las sociedades de padres y representantes para buscar una figura más amplia a través de la inclusión de vecinos de las zonas aledañas a las instituciones educativas, miembros de los consejos comunales y otras persona que podrán influir en manejo de instituciones públicas y privadas.
“En consecuencia, eso traerá que el ciudadano promedio será director, o por lo menos estará entrometiéndose, en los asuntos de las instituciones privadas, emitiendo opiniones sin tener al menos experiencia docente calificada para impartir la educación formal”, dijo.
Acotó que con el funcionamiento de las sociedades de padres y representantes era más lógico trabajar porque al fin y al cabo son los hijos de estos los que son formados en los planteles educativos, pero ahora la norma no aclara si esta acción también permitirá que incluso los trabajadores que se ubican en los alrededores de los planteles (como vendedores de comidas y bebidas), así como ciudadanos que no tengan hijos ni parientes menores estudiando en colegios, intervengan también en la orientación que debe darse a la educación.
Abuso y adoctrinamiento
Yuyita de Chiossone, exdirectora de Educación, considera que la medida constituye un atropello contra el derecho humano de los padres a decidir la forma de educación de sus hijos, que atenta contra la Carta Fundamental de Derechos Humanos y la Constitución nacional, donde no se establece la creación de tales instancias.
“Es un abuso de poder de quienes ocupan el Gobierno, no sólo para que haya injerencia e intromisión en las escuelas y colegios, sino que también es una acción dirigida a la pretensión de adoctrinar a la infancia y juventud venezolana”, acotó.
A juicio de la exfuncionaria, esta maniobra está impulsada por el reciente triunfo electoral del presidente Hugo Chávez, como parte de una maniobra dirigida a “cubanizar la educación en Venezuela”.
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