El ex ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, exhortó este jueves a la Asamblea Nacional a que agilice la discusión de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, que realiza el Parlamento desde hace al menos dos años.
“La Asamblea Nacional tiene que acelerar el debate y aprobación de la ley e ir hacia el desarme”, dijo el funcionario a un canal privado de televisión, declaraciones recogidas en una nota de prensa de la Comisión Presidencial para el Control de Armas.
Es la primera vez que El Aissami hace esta petición, que alude al largo tiempo que ha pasado el texto legal en el seno del Legislativo, sin que se haya concretado su aprobación. Lo hace días después de haber sido remplazado en la cartera del Interior por el presidente de la República, Hugo Chávez, quien también lanzó al tachirense como candidato a la gobernación del estado Aragua.
De acuerdo con el aspirante a mandatario regional, la rápida aprobación del instrumento legal “es necesaria porque no podemos tolerar armas de fuego, ni conductas que afecten la convivencia, la vida y amenacen la paz».
Recordó la Comisión Presidencial, el pasado 10 de julio la Asamblea Nacional conformó una comisión especial que unificará los dos proyectos que se encuentran en el Parlamento: el redactado por la Comisión Mixta de la AN y el remitido por el Presidente Hugo Chávez, el cual fue elaborado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Dicha comisión especial deberá presentar en un corto plazo el proyecto jurídico para su segunda discusión. Esta encabezada por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, por los diputados William Fariñas y Elvis Amoroso, presidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa y Política Interior del parlamento, respectivamente, a los que se sumarán dos parlamentarios que designe la bancada de la oposición, según indicó Aristóbulo Istúriz.
Sanciones presidenciales
En relación con el proyecto elaborado en Miraflores, la Comisión Presidencial recordó que uno de los aspectos que destacan en su contenido son las sanciones que se plantean contra funcionarios públicos que cometan delitos relacionados al tráfico de armas de fuego.
Así mismo, dispone la restricción total de la venta de armas de fuego a personas particulares, dejando como excepciones la práctica federada de tiro, cacería, servicios de protección de personas y bienes y cuerpos de seguridad. En este sentido, la venta de armas de fuego en armerías desaparece como rubro comercial.
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