El Ministerio Público (MP) designó a un fiscal con competencia nacional para liderar las investigaciones y determinar las responsabilidades en el caso del homicidio de Agustín Antonio Cuevas Mosquera, estudiante de 19 años de edad ultimado con arma de fuego el 16 de octubre durante un supuesto procedimiento policial en el sector El Samán, municipio Independencia del estado Yaracuy.
La información fue suministrada por el gobernador de la entidad, Julio León, durante asamblea sostenida con estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy (Iuty), casa de estudios donde la víctima hacía vida académica, quienes exigían se esclarezca el suceso y se apliquen las sanciones correspondientes.
“En nombre del presidente Hugo Chávez, del vicepresidente de la República y del titular del Ministerio de Interior y Justicia, quienes tienen conocimiento del caso, garantizamos tomar las acciones necesarias para esclarecer el hecho de una manera transparente y hacer justicia con toda la rigurosidad de la ley”, sentenció el mandatario regional mientras confirmaba la designación del fiscal que llevará el caso previa solicitud al MP: “Se ha designado el fiscal 49 con competencia nacional para liderar las investigaciones y así garantizar la transparencia en el proceso”, corroboró.
En el auditorio de la primera casa de estudios superiores del estado, León informó que además de la designación del fiscal nacional, el Gobierno central nombró una comisión especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para reforzar las averiguaciones que se adelantan en la delegación regional del mismo cuerpo detectivesco.
Funcionariosa la orden del MP
Interrogado insistentemente por estudiantes y manifestantes sobre las primeras acciones a tomar por parte de autoridades, el jefe del Ejecutivo regional manifestó: “Los cuatro funcionarios que participaron en el hecho están a la orden del Ministerio Público, al margen de sus funciones en la Comandancia General de la Policía”.
Ante la efervescencia que generó el suceso en la opinión pública, la máxima autoridad regional llamó a confiar en los órganos competentes y en la rigurosidad del proceso.
“Existe un parte legal y tenemos que confiar en ello porque el Gobierno bolivariano ha sido implacable en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Si se determinan responsabilidades, tengan por seguro que sobre los señalados, sea quien sea, caerá todo el peso de la ley y no habrá ningún tipo de impunidad”, concluyó.
