Ex militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que hoy fungen como miembros del Tribunal Disciplinario Judicial, absolvieron a los jueces que conocieron el expediente de la jueza Afiuni, Alí José Paredes y Leidys Azuaje, en el marco de un proceso lleno de irregularidades.
Así lo denunció este miércoles el abogado de la jueza titular, José Amalio Graterol, quien indicó que esta decisión fue tomada la noche del martes durante una audiencia en la que no estuvo presente la defensa de Afiuni, que en este caso actuaban como demandantes contra los administradores de justicia a los que consideran totalmente parcializados.
De acuerdo con Graterol, los autores de la decisión son Hernán Pacheco y Carlos Medina, quienes formaron parte de la Asamblea Nacional 100% oficialista de la gestión 2005-2010. Tras haber sido creada la jurisdicción disciplinaria judicial con el Código de Etica del Juez (agosto de 2010), que establece el nombramiento de sus miembros por el Legislativo nacional, en junio de 2011 la bancada del PSUV aprobó la constitución del Tribunal con la participación de los ex diputados.
De acuerdo con el abogado Graterol, esto y todo lo que se refiere al proceso penal contra Afiuni constituyen una “marramucia”. Cabe recordar que el presidente de la República y líder máximo del PSUV exigieron en cadena nacional 30 años de cárcel para la entonces jueza del Tribunal 31° de Control de Caracas, quien con base en su cargo emitió la decisión de otorgar libertad condicional al ex banquero y “preso político” Eligio Cedeño.
Por otro lado, el representante legal de la ex administradora de justicia recordó que demandaron a Azuaje y a Paredes, quienes en diferentes etapas conocieron el expediente Afiuni, por haber violado los derechos humanos de ésta. Entre otras irregularidades, los acusaron de extorsionar a la acusada con los permisos para que ésta recibiera tratamiento médico y, en el caso de Paredes, por su abierta parcialidad al haber confesado públicamente su adhesión al partido rojo.
Así mismo, al conocer la designación de los jueces-diputados del Tribunal Disciplinario Judicial decidieron recusarlos, lo que hicieron un día antes de la audiencia, y por esta razón no asistieron a la misma.
«Cuando un juez es recusado, debe separarse del conocimiento de la causa y presentar un informe a su superior, la Corte Disciplinaria Judicial, para que decida si hay causal o no. Ellos no hicieron lo previsto en la Ley y realizaron la audiencia la noche del martes 16 de octubre sin la presencia de los denunciantes», precisó Graterol.
Cabe destacar, Hernán Pacheco y Carlos Medina alternativamente se encuentran designados para conocer el procedimiento disciplinario contra la propia Afiuni, quien a pesar de su condición de acusada, rara en un país donde más del 80% de los jueces son provisionales y designados a dedo, aún goza de su condición de jueza titular. Este cargo por definición es obtenido por las credenciales valoradas mediante un concurso de oposición.
Finalmente, Graterol expresó su preocupación por lo que pueda pasar en la próxima audiencia de juicio de su defendida, pautada para el próximo 7 de noviembre. Ello se debe a que con la reciente modificación del Código Orgánico Procesal Penal se estableció que una persona puede ser sentenciada sin estar presente en el tribunal, lo que pondría fin a la imposibilidad de concretar el acto judicial que ha venido imponiendo Afiuni, al atenerse al artículo 350 de la Constitución y negándose a entrar a la sala de audiencia.
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