El Ejecutivo Nacional tiene que adoptar políticas claras y eficaces para evitar el crecimiento de la delincuencia, plantea el Dr. Amílcar Villavicencio, abogado penalista y criminólogo, al ser consultado por EL IMPULSO con respecto al fenómeno social que cada día causa mayor número de muertes en nuestro estado, en particular, y en el país, en general.
Esas políticas, explica, deben partir desde la prevención del delito hasta la aplicación racional y efectiva de la ley, lo cual incluye evitar la impunidad mediante la ejecución de las penas que correspondan por la comisión de algún hecho punible como disminuir los excesos en la persecusión penal, anomalía que de alguna manera contribuye al desorden social que estamos viviendo y se evidencia con altos índices de inseguridad.
No hay una alternativa distinta al tratamiento de la inseguridad que la aplicación de la ley, el reconocimiento de derechos humanos por parte del perseguido y de las personas que procuran una respuesta cónsona con un Estado social y democrático de Derecho.
En Venezuela se ha perdido la credibilidad en el sistema de administración de justicia, porque se han dejado de aplicar disposiciones vigentes, por utilizar los procesos con fines distintos a la administración de justicia y porque en la mayoría de los casos las familias de las víctimas no reciben las respuestas adecuadas por parte de los organismos de seguridad.
Por mucho que sea el esfuerzo de alguna parte de miembros de la administración de justicia, si la condición y la autonomía que tienen no es para imponer la ley, nunca veremos un clima de inseguridad tan severo como el que estamos viviendo.
Medidas preventivas
Una de las medidas preventivas en una situación como la que se registra en Venezuela es la generación de fuentes de trabajo, de empleo, de evitar el ocio en los sectores deprimidos de la sociedad, expuso.
Es entender que la aplicación de la pena cuando toca imponerla es también con fines preventivos, que procuren dejar un mensaje en la sociedad y que se irrumpen el orden social o el orden legal vigente, hay una consecuencia.
Es crear el clima de prevención futuro del delito mediante la imposición de la ley y la aplicación de políticas como la educación, el acercamiento de las estructuras educativas a las comunidades que no tienen ese alcance.
El Dr. Villavicencio manifiesta que las políticas a las cuales se refiere son las generalmente aplicables en cualquier país normal.
Ahora mismo, dijo, tenemos un clima de represión. Vemos un colapso en el sistema de administración de justicia propio de un país represor que impone una pena privativa de libertad antes de verificar la ausencia de políticas de prevención del delito y antes de tener conciencia de cuál es el objeto de la aplicación de la pena.
-¿Cómo explica esta situación?
-El Estado ha perdido esa política de prevención a tal punto que impone la pena y no sabe con qué fin la impone. No sabe si para evitar que esa persona vuelva a delinquir, tampoco si para llevar el mensaje social de quien incumple recibe un castigo o si es para aislar a esa persona por el tiempo que dure la condena, lo cual, por supuesto, no sería para nada preventivo porque tenemos a una persona aislada, sin instrumento de vida futuro y mañana tendremos a un delincuente de mayor peligrosidad cuando salga de un centro penitenciario.
A esa ausencia de política de prevención, a que me refiero, se debe la improvisación permanente por parte del Estado venezolano, que encuentra como única alternativa para reprimir la inseguridad, la represión inmediata de la persona que es aprehendida.
-Este gobierno ha hecho muchos planes de seguridad, pero, ¿cómo explica usted que ninguno haya surtido efecto?
-A que todos devienen de un interés político, crearle al ciudadano una supuesta imagen de trabajo mancomunado en un problema tan complejo como es la inseguridad sin conocer el alcance de la política que están implementando, sin darle autonomía a los jueces y a las instituciones que deben decidir en caso de ocurrir un hecho punible. Además de improvisar, no escuchan a los gremios que conocen del flagelo, a no atender nuevas propuestas, a no escuchar la correción a las propuestas que intentan implemntar.
.La designación del general Néstor Reverol, por tratarse de un militar, aunque ha habido otros ex funcionarios castrenses en Relaciones Interiores, ¿podría resolver este problema?
-Designan un nuevo ministro por el solo hecho de llenar una vacnte en el cargo; no puede crear expectativas, sobre todo porque ya al ser militar se puede deducir que tiene claras tendencias a reprimir la existencia del hecho y no evitarlo, por supuesto no existirá cambio alguno, por cuanto no habrá una política preventiva y un enjuiciamiento justo y cónsono con leyes vigentes. No se resuelve con nuevos ministros o creación de nuevos ministerios.
Fotos: Emanuele Sorge/Archivo
