El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC informaron que se reunirán el miércoles en esta capital con una agenda que culminará un día después, en las primeras conversaciones de paz entre las partes en más de una década.
«Reiteramos el cumplimiento de la cita por la paz de Colombia para el 17 de octubre, desarrollando una agenda que culminará el 18 por la tarde en Oslo con una instalación pública (de la mesa de negociación) y rueda de prensa», aseguraron el gobierno y la guerrilla en un comunicado conjunto que ambas partes hicieron público desde Bogotá y La Habana, respectivamente.
El comunicado no dio razones para el aplazamiento de un día de la conferencia de prensa que estaba prevista para mañana miércoles.
Ambas partes han mantenido con reserva tantos sus contactos como las fechas de sus encuentros y sólo se había anunciado oficialmente la fecha del 17 de octubre para la rueda de prensa, sin aclarar si habían iniciado diálogos formales antes o lo harían después.
Incluso inicialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían anunciado que las negociaciones comenzarían el 8 de octubre en la capital noruega, a lo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sólo respondió que sería en la primera quincena de octubre, sin nunca dar oficialmente una fecha precisa.
Estas serán las primeras conversaciones desde que en enero de 1999 el entonces gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) mantuvo diálogos de paz con las FARC en una vasta zona desmilitarizada en el sur colombiano. Las conversaciones naufragaron y Pastrana ordenó el reingreso de las tropas en 2002 tras varios secuestros de civiles y políticos realizados por la insurgencia, además de acusaciones de que habían utilizado la región de despeje para el narcotráfico, una de sus fuentes de financiamiento.
Los guerrilleros, que desde entonces han sufrido golpes como la muerte a manos del ejército y la policía de al menos tres de sus comandantes, aseguran que mantienen su capacidad de acción y que siempre han buscado una salida política al conflicto armado interno que nació en 1964, año de creación de las FARC.
Las partes no han comentado oficialmente si el tema de aplazar la conferencia de prensa un día y por primera vez informar que se encontrarán el 17 tuvo su origen a que incluyeron en su equipo a la ciudadana holandesa Tanja Nijmeijer, alias «Alexandra», quien se unió a las FARC en 2003 en el frente llamado «Antonio Nariño» y que operaba en la zona de los alrededores de Bogotá.
León Valencia, director del grupo no gubernamental colombiano Corporación Nuevo Arco Iris, dedicado al estudio del conflicto, dijo que la designación de la ciudadana holandesa obedecería a un interés de las FARC de elevar el perfil en Europa de los diálogos y que además muestra el carácter de la rebelde, quien aseguró ha sido vista como una simple simpatizante del grupo insurgente cuando en realidad es «una radical».
En el grupo rebelde Nijmeijer «no cumple un papel de segunda», dijo Valencia a la AP en Oslo, donde vino invitado por diversos grupos de activistas en ocasión de los diálogos. «Alexandra» es miembro de la llamada comisión internacional de las FARC, una instancia que dirige Ricardo Tellez, mejor conocido como Rodrigo Granda, y quien es uno de los negociadores insurgentes en los diálogos, agregó Valencia, que en 2010 publicó un libro sobre la mujer tras conversar con familiares y estudiar sus diarios decomisados por las autoridades en un campamento en Colombia en 2007.
Además la ciudadana holandesa, la segunda de tres hermanas de una familia de clase media, ingresó en un frente guerrillero que fue de los primeros golpeados por la amplia ofensiva que entonces comenzó el gobierno contra esa guerrilla en aquellos años. «Sobrevivió a eso y sobrevivió a lo del Mono Jojoy porque estaba ahí», dijo Valencia al referirse a que Nijmeijer estaba en el campamento donde en septiembre de 2010 fue muerto por la fuerza pública Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. «Es una sobreviviente de una ofensiva enorme por parte del Estado… en que frentes completos fueron devastados», sostuvo.
Las FARC dijeron en un comunicado emitido en La Habana que la holandesa tiene «el derecho» a ser parte de la delegación de la guerrilla. «La fecha de vinculación de Tanja al escenario de las conversaciones se dará en el curso de la semana que va del 21 al 27 del presente mes», se indicó en el comunicado.
En Colombia, diversos analistas consideraron que la incorporación de «Alexandra» será un soporte para la insurgencia debido a su conocimiento de Europa y los idiomas.
«Tanja es una persona de absoluta confianza para las FARC y por eso la incluyen dentro de ese soporte logístico, yo no le veo pues nada perverso, como dicen algunos, que es un problema de estrategia, de legitimarse en Europa la verdad yo no creo», dijo por su parte Carlos Lozano, director del semanario Voz, del partido comunista colombiano y quien recientemente divulgó una entrevista con Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko.
Pero en algunos sectores desconfían que la designación se trate de una presunta maniobra rebelde para retrasar los diálogos porque hasta donde se conoce, Nijmeijer está en territorio colombiano y su salida desde remotos campamentos hasta Oslo y La Habana sería más complicada que la de otros miembros que ya estaban en Cuba desde hace meses en contactos secretos con el gobierno.
«Lamentablemente lo que están haciendo las FARC con Tanja es una maniobra estratégica y de propaganda», dijo Alfredo Rangel de la Fundación Seguridad y Democracia, dedicada el estudio del conflicto. «Tanja no tiene ningún peso político en la FARC y ninguna jerarquía, ninguna influencia y no se ha caracterizado por ser ninguna ideóloga, ni dirigente política o destacada en el plano militar en las FARC. Eso (su incorporación) es simplemente una maniobra mediática… para atraer la atención «, agregó.
Debido a los fracasos de las anteriores negociaciones persisten las dudas sobre cómo se resolverán los temas más difíciles de los diálogos: el narcotráfico y el uso y tenencia de las tierras.
«Todos confiamos en el proceso y esperamos que sea exitoso, pero tenemos fundados motivos para pensar que el proceso plantea más preguntas que respuestas porque hay unos temas que son difíciles de superar», dijo en diálogo telefónico Jaime Castro, analista político y ex alcalde de Bogotá.
«En primer lugar, el relacionado con el narcotráfico. ¿Cuál va a ser la decisión de los negociadores? Porque es indiscutible que el tráfico de droga no va a desaparecer, va a continuar. ¿Qué van a hacer las FARC frente a eso? ¿Lo van a combatir, se van a retirar, van a entregar a las autoridades las rutas?», añadió. «Lo mismo ocurre con el tema agrario… Es indiscutible que las FARC en desarrollo del conflicto han asumido el control de miles y miles de hectáreas. ¿Qué va a pasar con ese tema?», sostuvo.
La propiedad y tenencia de la tierra ha sido descrito comúnmente como uno de los factores que dio origen al conflicto armado interno en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios del gobierno del presidente Santos afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado mediante procesos fraudulentos en notarías y registros.
Cómo reparar a las víctimas y castigar los delitos de lesa humanidad son los puntos clave que según los activistas deben incluir las negociaciones.
«Es aceptable que Colombia ofrezca reducir las penas a miembros de grupos armados irregulares para persuadirlos de que entreguen las armas», indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado divulgado el martes. No obstante, agregó, «un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares. Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación de la Corte Penal Internacional».
