Los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC llegan a Oslo para reunirse dos días a puerta cerrada con el fin de lanzar oficialmente el miércoles el cuarto proceso de paz en 30 años, aunque a miles de kilómetros las balas sigan silbando.
Se prevé que las delegaciones lleguen este domingo a la capital noruega y que se reúnan a partir del lunes en un lugar mantenido en secreto para sentar bases que eviten los errores de los procesos anteriores, con la esperanza de poner fin a cinco décadas de un conflicto que dejó centenares de miles de muertos y desplazados.
Esta etapa estuvo precedida por meses de contactos secretos en Cuba, donde proseguirán las discusiones. Noruega y Cuba son los garantes de las negociaciones, y Chile y Venezuela los países acompañantes.
La rebelión marxista, nacida en 1964 de una insurrección campesina, llega debilitada, con unos 9.000 guerrilleros, menos de la mitad de los que tenía allá por los años 1990, en sus tiempos gloriosos, cuando rondaba los 20.000.
Debilitada sí, pero motivada. Su máximo líder, Timoleón Jiménez, alias «Timochenko», dijo en un vídeo divulgado en septiembre que las FARC acuden «a la mesa de negociaciones sin rencores ni arrogancias».
El momento es propicio. «Tanto las FARC como el gobierno tienen la convicción de que no pueden ganar militarmente», afirmó a la AFP Vicenç Fisas, doctor en estudios sobre paz por la universidad de Bradford, en el Reino Unido.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos marcó un giro respecto a la presión puramente militar de su predecesor Álvaro Uribe.
«Mi gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado, en conversaciones con la guerrilla para procurar el fin del conflicto armado», declaró Santos ante la Asamblea General de la ONU.
Parten para ello con una agenda de cinco frentes: desarrollo rural, participación política de movimientos que surjan del proceso, cese definitivo de las hostilidades, el problema del narcotráfico y la situación de las víctimas.
Las dos partes tratarán en Oslo de hacer ajustes para llevar el agua a su molino y medir al adversario.
El equipo gubernamental incluye personalidades de diversas esferas: el abogado Humberto de la Calle Rangel, el oficial retirado Jorge Enrique Mora, el exjefe de la Policía Nacional Oscar Naranjo, el comisionado de paz Sergio Jaramillo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales Luis Carlos Villegas y el economista Frank Pearl.
Los guerrilleros marxistas traen a Oslo a su vieja guardia.
Son Iván Márquez, del Secretariado (máxima instancia de mando), Rodrigo Granda, de la comisión internacional, Marco León Calarcá, miembro de la delegación en la primera fase de negociación con el gobierno, Andrés París, considerado un ideólogo radical y Simón Trinidad, quien participó en los fallidos diálogos en San Vicente del Caguán (1998-2001).
Este último cumple condena en Estados Unidos. Pese a ello, las FARC reclaman su participación en el diálogo, algo que no se descarta del todo si Washington mueve ficha.
La ministra de Justicia colombiana, Ruth Stella Correa, ha afirmado que la intervención de Trinidad «a través de mecanismos virtuales podría ser posible. Es decir, a través de teleaudiencias», pero «en caso de que el gobierno americano lo autorice».
Las FARC ya avisaron que en cuanto se inaugure el proceso oficialmente tienen la intención de plantear un alto el fuego bilateral, al que se opone Santos, que mantiene las operaciones militares.
«El cese del fuego nosotros lo vamos a plantear inmediatamente nos sentemos en la mesa», dijo el comandante Mauricio Jaramillo hace unas semanas en La Habana.
Los plazos también plantean problemas. Santos dijo en la ONU que espera llevar a buen puerto el proceso en un año. Las FARC no quieren presión de calendario.
Además de las FARC, en Colombia opera el marxista Ejército de Liberación Nacional (ELN), que afirma estar interesado en explorar salidas al conflicto si se resuelven las causas sociales que lo originaron.
El conflicto armado en Colombia dejó unos 600.000 muertos, según estimaciones del gobierno, así como centenares de miles de desplazados y millones de víctimas de atrocidades como torturas, secuestros, violaciones, reclutamiento infantil y minas antipersonas.
Por eso el relativo optimismo (el 60% de la población apoya el diálogo, según las últimas encuestas) se entremezcla con la incertidumbre. Y es que los civiles quedaron escaldados con los tres fracasos anteriores.
