La reelección del presidente Hugo Chávez como jefe de Estado traería consecuencias negativas para algunos de los llamados presos políticos, como la jueza María Lourdes Afiuni, el ex comisario de Iván Simonóvis y los ex funcionarios policiales condenados por el caso del 11 de abril.
La afirmación se desprende de las últimas incidencias registradas en ambos casos judiciales, así como de las denuncias reiteradas por sus abogados sobre intervención política en las decisiones judiciales y la manipulación de los jueces por parte del Ejecutivo nacional.
En el caso de Afiuni, «presa personal» del presidente de la República según defensores de derechos humanos, se encuentra en un limbo procesal, a la espera de un juicio aplazado por cuatro jueces. Mientras tanto, la acusada por decidir la libertad condicional del ex banquero Eligio Cedeño ha expresado su decisión de atenerse al principio de desobediencia civil contemplado en el artículo 350 de la Constitución.
Actualmente el expediente se encuentra en manos de la juez 17° de Juicio de Caracas, Marilda Ríos. De acuerdo con José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, la administradora de justicia habría evitado dar inicio al proceso oral antes del 7 de octubre, en espera de que se aclarara el panorama político.
Una vez reafirmado el presidente que pidió «30 años de cárcel» para la ex jueza titular del Tribunal 31° de Control de Caracas, se produciría un desenlace poco favorable para la «presa política». La próxima audiencia esta convocada para el próximo 10 de octubre, y según la última reforma al Código Orgánico Procesal Penal el juez esta facultado para condenar en ausencia del acusado, en caso de éste se niegue a asistir al tribunal aún estando privado de libertad.
El caso de Simonóvis, único de los tres ex comisarios del 11-A que aún permanece encarcelado en los calabozos del SEBIN, su defensa y familiares se encuentran a la espera de que el Tribunal 1° de Ejecución del estado Aragua decida sobre la última petición de una medida humanitaria de libertad condicional.
La solicitud esta basada en las múltiples patologías que sufre desde hace al menos dos años, que vienen comprometiendo su salud física y mental, entre ellas, dos hernias discales y síndrome del túnel carpiano.
La audiencia especial convocada para el pasado 3 de octubre fue suspendida porque no se presentó la fiscal del Ministerio Público, denunció en su momento la esposa del condenado, Bonni de Simonóvis. Sin que se ofreciera justificación para la ausencia, la juez difirió el acto para el próximo miércoles 17, cuando decidirá si le permite al ex funcionario un poco de libertad para tratarse.
Cabe recordar, los comisarios Lásaro Forero y Henri Vivas, recibieron el beneficio procesal el años pasado. Sin embargo a Simonónis se lo negaron en esa oportunidad y posteriormente, el pasado mes de junio, cuando la juez alegó la «ausencia» de exámenes que certificaran la gravedad de su condición.
Según las declaraciones fuera del país del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, el presidente Hugo Chávez habría ordenado enfáticamente el confinamiento de Simonóvis.
Por otro lado, también permanecen presos 6 de los 9 funcionarios de la Policía Metropolitana condenados por el mismo caso. Habiendo cumplido 8 años privados de libertado, la mayoría ya cumplió con los lapsos procesales para acceder a una medida alternativa de cumplimiento de condena establecida por el COPP, sin embargo, las reiteradas peticiones de sus abogados han sido rechazadas.
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