Por estos días el tema de la cultura ha tomado inusual importancia en los espacios de la oposición. Sea por la coyuntura de elecciones o por necesidad de sobrevivencia de quienes hacen vida en sus contornos. Lo cierto es que hablar de cultura por estos días resulta un ejercicio un poco extraño frente a tanta circunstancia terrible y dramática que acecha a los venezolanos.
Sin embargo, quienes hemos hecho parte de nuestras vidas entre el arte y la literatura y la cultura en general, no podemos obviar un tema tan esencial para la construcción de ciudadanía.
Parte de quienes piensan el Hecho cultural venezolano han estado adelantando una propuesta nacional sobre tan delicado tema, a partir de las experiencias que en cada una de las regiones aportan artistas, cultores, artesanos, escritores, entre otros hacedores culturales.
Consideramos que en principio este asunto ha sido colocado en su justa dimensión frente a las demás áreas sociales que deben ser revisadas.
La actividad cultural es un tema que debe ser atendido por quienes conocen de ella y además, comporta en su ejecución la participación de profesionales del área, quienes deben proceder a partir de la aplicación de la normativa existente, comenzando por la visión que ofrece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, es justo considerar la participación de los principales centros del saber, como son las universidades republicanas, autónomas, democráticas y públicas. En ellas se encuentra una amplia experiencia en el denominado Núcleo de Directores de Cultura y Extensión como centro asesor de la Política Cultural del Estado venezolano.
Muy bien pudiera considerarse esta asesoría entre quienes desean trazar las líneas estratégicas de una actividad cultural inclusiva en nuestro país.
Desde hace más de 30 años la actividad cultural en Venezuela ha sido un ejercicio centralizado por los diferentes gobiernos en detrimento de las realidades culturales en las diferentes regiones. No cabe duda que esta visión, ya desgastada, debe ser superada por una política que en la práctica permita la participación de los estados en la elaboración de un verdadero Plan Cultural donde todas las regiones puedan realizar sus hechos culturales sin mayores restricciones y con el reconocimiento y apoyo de un nuevo gobierno del Estado.
Esta nueva visión debería considerar una red cultural donde se planifique, ejecute y supervise la actividad cultural con la estructuración de los llamados Consejos Estadales de Cultura. Ellos estarían circunscritos a ejecutar la actividad cultural en cada estado.
Por otra parte, también podrían establecerse los Consejos Municipales de Cultura para focalizar la realización de la experiencia en la fuente natural de todo hecho cultural: las comunidades, sean estas urbanas, rurales o indígenas.
Consideramos también que es un deber de Estado aumentar el porcentaje del presupuesto nacional para un nuevo Plan Cultural. Además de permitir, definitivamente, estableciendo para ello leyes y normas, la inclusión de la empresa privada como entes activos en la promoción de la cultura. Debemos entender que la actividad cultural es un asunto “rentable”. Y esta rentabilidad acaso supone entenderla en tres vertientes: Una rentabilidad de tipo académico; toda vez que necesita de un proceso de formación, capacitación y actualización de quienes participan en ella. Rentabilidad social; en la ejecución de planes y programas que beneficien a las comunidades, para dar prestigio y reconocimiento a las personas y organismos involucrados. Y una rentabilidad de tipo estrictamente económico; aquellos programas que una vez ejecutados, se revierten en beneficio monetario como ingresos propios a instituciones o personas.
Son por ejemplo, congresos, simposios, talleres, ferias, donde una gran cantidad de personas y organismos logran beneficios: hoteles, restaurantes, líneas aéreas, pequeños comerciantes, redes de supermercados, imprentas, medios de comunicación, museos, teatros, cines, entre otros, donde se demuestra que el desarrollo cultural es una actividad altamente rentable. Ciertamente y ya se ha estudiado desde hace bastante tiempo, que por cada bolívar invertido en la cultura, hay un beneficio de 1,5 en la inversión.
La Política Nacional de Cultura que un nuevo gobierno adelante debería considerar también establecer en cada estado una Emisora Cultural. Es la vía más expedita para promocionar la cultura de cada región.
Además, reactivar las imprentas estadales con la renovación y ampliación de las llamadas ediciones de la Biblioteca de Temas y Autores (de cada estado). Con ello se reafirma la memoria literaria, histórica y del folclor en cada región.
Finalmente consideramos que es necesario establecer en cada capital de estado una Coordinación Regional de Lectura para promocionar una actividad tan trascendental para el fortalecimiento de la identidad cultural en una sociedad realmente inclusiva y que fomente la convivencia ciudadana.
(*) [email protected] / @camilodeasis
