El diputado ante la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, Andrés Avelino, presentó una denuncia ante la Fiscalía 22 del estado Lara, por presuntas irregularidades en la licitación de labores de pavimentación en El Tocuyo, donde la Alcaldía del municipio Morán presupuestó una obra por ocho millones de bolívares, pero para evadir la ley, se decidió fraccionarlos y hacer creer que se trataba de dos obras distintas, cada una por cuatro millones de bolívares.
Las mencionadas sumas fueron concedidas, mediante la simulación de un concurso de licitación, a la empresa Rofra C.A., representada por Ronny Flores Mendoza, tal como consta en documentos en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial suscritos por el alcalde Fidel Palma, sostuvo el parlamentario.
Igualmente, dijo, se ha detectado que Alfredo Flores, administrador de la Alcaldía de Morán, es primo del representante de la empresa involucrada, lo cual se considera tráfico de influencias y viola la Ley de Licitaciones en sus artículos 57, 41 y 76.
Por este motivo, el diputado Avelino ha solicitado al Ministerio Público investigar estas irregularidades, auditar los pagos y anular las contrataciones.
Por su parte, Rodrigo Rivero, miembro de Avanzada Progresista y representante de la Comisión de Contraloría del Concejo Municipal del municipio Urdaneta, introdujo una denuncia en la cual alega que el alcalde Luis Ladino ha autorizado la compra de uniformes para sus trabajadores, con fondos de avance y anticipo. Dicha transacción fue realizada a nombre de dos personas jurídicas distintas.
Una de ellas es Ileny Evelin Dismelia López, por un monto de 80.385 bolívares, y la otra es Cooperativa Mariends R.S. por 39.575 bolívares para un total de 119.960 bolívares. La irregularidad se hizo evidente porque ambas compras fueron hechas en la misma fecha, y las dos compañías comparten la misma dirección fiscal, donde se localiza una residencia propiedad de Ileny Dismelia, quien es presuntamente cuñada de Esteban Arcila, jefe de personal de la Alcaldía de Urdaneta, lo que también constituye un caso de tráfico de influencias. Además, también han surgido denuncias de los propios trabajadores de la alcaldía, quienes aseguran que aún se les deben los uniformes.
Foto: Ángel Zambrano
