En reiteradas ocasiones, la directiva del Colegio de Profesores de Venezuela- seccional Lara- ha denunciado la larga lista de irregularidades que existen en la gestión administrativa del sector educativo, sin embargo su convocatoria para una concentración-asamblea durante la mañana del martes en la sede de la Zona Educativa tuvo poco eco.
Pese al constante llamado a la reflexión sobre la necesidad de unidad y participación para poder generar los cambios, fueron pocos los profesores que decidieron ir al edificio Buría y apoyar la lucha emprendida desde hace varios meses por los dirigentes del Colegio de Profesores.
El objetivo principal de la actividad fue entregar un documento a Gisela Cañizález, jefa de la Zona Educativa, en el que señalan “las reiteradas violaciones que ordena y ejecuta como máxima autoridad de la política educativa del magisterio, al nombrar a dedo las encargadurías para los directores, subdirectores y coordinadores docentes en las diferentes instituciones educativas”.
Reiteraron que tal situación viola el artículo 104 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica… el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”.
Luis Arroyo, presidente del CPV- Lara, precisó que este tipo de problema se registra en alrededor de 28 liceos de la región, entre ellos el Rafael Villavicencio, el Coto Paúl, el Lisandro Alvarado, Batalla Los Horcones, Creación Palavecino, Domingo Hurtado, en la Escuela Jiménez y la María Pereira de Daza.
De igual forma, plantearon los problemas que atraviesan la mayoría de los recintos educativos de la región, en especial la situación de la infraestructura y la falta de dotación.
“A esto se suma el retraso en el pago de incremento de horas, postgrados, clasificación, en la entrega de titularidades, las jubilaciones… el pago del bono bolivariano está suspendido e incluso existen muchos docentes que nunca lo han cobrado”.
También aprovecharon la ocasión para reclamar por la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a que se trata de una medida que vulnera los derechos de los niños y adolescentes. Arroyo aseveró que los gremios “solicitan la inmediata renuncia de Cañizález”.
Fotos: Simón Alberto Orellana
