Los venezolanos tienen que salir masivamente a votar el próximo domingo 7 de octubre, en defensa de la propiedad privada, ante las constantes arremetidas y amenazas contra este derecho fundamental, que está contemplado en la Constitución Nacional y que ha sido violentado en numerosas oportunidades.
El pronunciamiento lo hizo el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, quien indica asimismo que este voto de los venezolanos, también debe ser contra las invasiones, contra las expropiaciones y contra las confiscaciones de inmuebles.
-Recordemos que la propiedad privada fue ratificada por los venezolanos durante el referendo del año 2007, pero a pesar de eso el Gobierno Nacional ha impulsado 14 leyes contra la propiedad privada de los constructores, de las personas que tienen inmuebles alquilados, contra los propietarios de terrenos y ha impulsado una gran cantidad de tomas y confiscaciones, sin que se haya pagado al 95% de los propietarios a quienes le han arrebatado su propiedad, afirma.
Insiste en que la gente debe pensar en las invasiones a la hora de emitir el sufragio, recordando que el gobierno ha permitido a lo largo de su gestión 22.500 invasiones a lo largo y ancho del territorio nacional, de allí que se debe votar por la propiedad privada, de manera que se nos permita desarrollarnos familiarmente, económicamente y en contra del tipo de propiedad que trata de impulsar el gobierno como la propiedad social, comunal que al fin al es controlada por el Estado y no permite el crecimiento patrimonial a la familia venezolana.
Un engaño la propiedad social
Sobre los distintos tipos de propiedad social, Orta indica que el Gobierno ha impulsado dos leyes, una es la Ley de Propiedad de Viviendas y la otra es la Ley de Emergencia de Terrenos y Viviendas, señalando que esas dos leyes ratifican que el título que le están dando a las personas que reciben una vivienda por parte del Estado o del Ejecutivo, son títulos de adjudicación, donde hay una prohibición expresa en la Ley de Emergencia que establece que no puede vender, no puede alquilar y no puede hipotecar esa vivienda, es decir que al final no es propietario de lo que le están entregando, advirtiendo que una familia que no es propietaria del inmueble donde vive, es una familia que está atada eternamente a esa propiedad y no puede pedir créditos a la banca y evidentemente no puede mudarse ni tampoco crecer financieramente que es lo que desea la familia venezolana.
-Es decir que el gobierno nacional no está entregando documentos de propiedad privada, y por consiguiente, la familia lo que tiene y la familia pasa a ser un ocupante de una propiedad que está bajo el control total del Gobierno, asegura.
Al presentar un balance en torno a las acciones ilegales contra la propiedad, indica que en el caso de las invasiones, ante la falta de una política coherente, donde las policías no actúan, la Guardia Nacional no actúa en la mayoría de las veces, hay 22.500 propiedades invadidas, en los últimos dos años el gobierno nacional a través de milicias y alcaldías afectas han tomado más de 1.200 propiedades, recordando que a comienzos del 2010 arrancaron con la toma de 19 estacionamientos en el centro de Caracas, que al día de hoy, a dos años de esa toma, no le han indemnizado a los propietarios, y esto es lo que está pasando con la mayoría de los dueños que han sido atropellados en sus derechos y que, las personas tampoco han recibido ni son demandadas las expropiaciones de esos inmuebles, por lo que al final se quedan sin patrimonio y sin propiedad privada.
-Por eso es que insistimos en que este gobierno en lugar de respetar la propiedad privada, lo que está haciendo son miles de confiscaciones de la propiedad y sin pago alguno, además ha habido una política de indiferente, ante los grupos de invasores que le han arrebatado a los muchos venezolanos, la propiedad y el trabajo esfuerzo que han invertido en una vivienda o en un negocio, dijo el presidente de Apiur.
Foto: O. Azuaje
