El mayordomo del Papa Benedicto, acusado de utilizar su acceso al pontífice para robar documentos que pensó revelarían la corrupción en el Vaticano, sufrió un revés el primer día de su juicio cuando los jueces rechazaron admitir como prueba una investigación de la propia Iglesia.
Gabriele fue detenido en mayo, después de que la policía hallase documentos confidenciales en su apartamento dentro del Vaticano, no sólo puso en el centro de la atención mediática las supuestas malas prácticas sino también apuntó a una lucha de poder en las altas instancias de la Iglesia Católica.
Paolo Gabriele, de 46 años, estaba pálido en su primera aparición pública desde mayo, sonriendo mientras hablaba con su abogada aunque a menudo se quedaba mirando al vacío durante la vista que duró algo menos de dos horas y media.
La abogada de Gabriele, Cristiana Arru, había pedido al tribunal que aceptase como prueba los resultados de una investigación separada de una comisión de cardenales que cuestionaba a una serie de empleados del Vaticano sobre las filtraciones de los documentos a los medios de comunicación italianos.
Sin embargo, el presidente del tribunal, sentado ante un crucifijo, rechazó la petición, diciendo que la comisión había sido creada por el Papa, y que por tanto sus conclusiones se reservaban para él.
A cambio, las pruebas del juicio se basarán exclusivamente en los resultados de una investigación realizada por el fiscal y la policía vaticana.
El tribunal también decidió separar el caso de Claudio Sciarpelletti, un experto informático de la Santa Sede acusado de complicidad con Gabriele. Sciarpelletti, que no estaba presente en la sala, será juzgado aparte.
Según la acusación formal presentada en agosto, Gabriele dijo a los investigadores que había actuado porque vio «el mal y la corrupción en todas partes de la Iglesia» y quería ayudar a erradicarla «porque el Papa no estaba lo suficientemente informado».
A la primera vista asistieron ocho policías del Vaticano como testigos. Otros cuatro testigos, incluido el secretario privado del pontífice monseñor Georg Ganswein, no estuvieron presentes aunque se espera que testifiquen la próxima semana.
Se espera que Gabriele, un hombre modesto que servía las comidas del Papa y le ayudaba a vestirse, dé su testimonio cuando se reanude el juicio el martes.
El juez Giuseppe Dalla Torre, que preside el pequeño tribunal en una pequeña sala forrada de paneles de madera y con el emblema papal en el techo, dijo que esperaba acabar con el proceso la próxima semana.
«AGENTE DEL ESPÍRITU SANTO»
El autodenominado denunciante, que vestía un elegante traje de chaqueta gris claro y una corbata gris, podría ser condenado a cuatro años de prisión.
Domenico Giani, jefe de la policía del Vaticano, dijo al tribunal que se habían requisado 82 cajas de pruebas en el apartamento de Gabriele en el Vaticano y en la residencia papal de verano en el sur de Roma.
e espera que Gabriele, que dijo que se veía a sí mismo como un «agente del Espíritu Santo», sea hallado culpable porque ha confesado sus delitos.
«Ha hecho daño filtrando esta información porque siempre habrá alguien que se aproveche de estas cosas para denigrar a la Iglesia», dijo el residente en Roma Sergio Caldari en la Plaza de San Pedro.
Otro observador local, Giovanni Maisto, dijo que esperaba que el juicio marcase «una nueva dimensión de apertura y transparencia» en los asuntos de la Iglesia.
Gabriele, padre de tres niños con una vida sencilla pero cómoda en la ciudad-estado, dijo a la policía tras su detención en mayo que creía que un susto «podría ser algo bueno para devolver a la Iglesia al camino correcto».
Su detención uso fin a casi cinco meses de intriga y suspensa después de que una serie de documentos y cartas privadas fueran publicadas por los medios italianos.
Las cartas más reveladoras fueron escrita al Papa por el arzobispo Carlo Maria Vigano, actualmente embajador del Vaticano en Washington, que era vicegobernador de la Ciudad del Vaticano por entonces.
En una de ellas, Vigano se quejaba de que cuando asumió el cargo en 2009, descubrió corrupción, nepotismo y amiguismo vinculado a la adjudicación de contratos a empresas externas a precios inflados.
Después, Vigano escribió al Papa sobre una campaña de desprestigio en su contra por otros altos cargos del Vaticano molestos con su drásticas medidas para acabar con los procedimientos de compras.
A pesar de pedir que no se le apartara del Vaticano, Vigano fue posteriormente trasladado a Washington por el secretario de Estado, el cardenal Tracisio Bertone, número dos de la cúpula de la Iglesia.
Dado que el estado papal no tiene prisión, Gabriele podría cumplir su condena en una cárcel italiana a menos que el Pontífice lo perdone.
