Entre enero y septiembre de 2012 han asesinado a 65 dirigentes sindicales de todo el país, afirmó el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ovcs).
“El incremento de los conflictos laborales, que representan el 40% de la conflictividad venezolana, coincide con el aumento de la violencia sindical, principalmente en el sector de la construcción”, en un informe especial presentado este viernes.
De acuerdo con el análisis de la ong, el énfasis en ese sector se refleja en la contundente cifra de 55 muertes. Al discriminar, de las 10 restantes 4 pertenecen a un sector “sin información”; luego 2 al sector petrolero, y una víctima cada una entre los gremios automotriz, campesino, alimentos y ministerial.
Por otro lado, enero y junio fueron los meses más violentos del período observado, al tiempo que el estado Anzoátegui resultó ser el escenario de la mayoría de los conflictos que culminaron en asesinato.
Impunidad
La falta de investigación de lo que se ha configurado como un conjunto de mafias sindicales, ya denunciado por la ong Provea en su informe 2011 al calificarlo como un “polvorín”, es identificado por el OVCS como un factor clave.
“Continúa existiendo un alto grado de impunidad en todo lo relacionado con la violencia sindical. No observamos avances en las investigaciones de los crímenes ni voluntad del Estado y de las partes involucradas en eliminar las causas”, señaló la ong.
Entre estas causas, se refieren, “por ejemplo, el paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo, unas de las principales según consta en informes recientes realizados por la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), entre otros”, señala el informe.
Finalmente, el Observatorio recordó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de defensores de derechos humanos en las Américas, ubicó a los sindicalistas dentro del grupo de defensores “que amerita especial atención debido a la situación de riesgo de violaciones a sus derechos humanos”.
