La legalidad de 5.300 sentencias suscritas por el ex presidente dela Sala Penaldel Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, estaría comprometida, aseguró este martes el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
A la luz de la confirmación, aportada por el propio Aponte, de que en Venezuela la justicia es manipulada desde las más altas esferas del poder, el abogado señaló la necesidad de revisar estas decisiones para determinar si estuvieron ajustadas a derecho o si se trató de “expedientes amañados”.
“No se trata sólo de casos políticos, sino de las decisiones que han afectado a gente común y han sido suscritas por este personaje, que ahora el mismo gobierno tilda de delincuente”, dijo Romero.
“Qué le dicen esos fiscales y los magistrados a los presos de Eladio Aponte Aponte. Qué le dicen a las personas liberadas por este personaje y que son ahora víctimas de esos sujetos dados en libertad”, insistió.
De acuerdo con la ong, la labor de Aponte Aponte fue tan prolífica que el número de sus decisiones es superior a la mitad de las sentencias emitidas por todala Saladesde que fue constituído el Tribunal Supremo de Justicia, en 2000.
El pronunciamiento del FPN se produce días después de que se diera a conocer una carta suscrita, certificada y notariada por el hoy prófugo de la justicia, en la que admitió abiertamente haber seguido órdenes del presidente dela República, Hugo Chávez, para condenar y “causar” penurias” a los ex comisarios y funcionarios policiales procesados por el caso del 11 de abril.
Sin embargo, desde que salió del país en marzo de este año ha confesado su manipulación de otros casos políticos, así como la existencia de una red de narcotráfico en el propio seno del gobierno y las FAN.
“Ceguera”
De acuerdo con Romero, las declaraciones del ex magistrado son tan “extremadamente graves” y testimoniales, que el gobierno nacional esta determinado a evadir toda investigación.
“Se estan haciendo los ciegos en las instituciones venezolanas”, afirmó el defensor de derechos humanos, quien recordó que ante esta situaciónla Defensoríadel Pueblo esta constitucionalmente llamada para “hacer presión” y garantizar que se determine la verdad.
“No se investiga el caso de Aponte Aponte, porque esto acarrea que la obligación de investigar a sus cómplices y corresponsables, todos vinculados a este gobierno”, precisó la razón.
Así mismo, el jurista enumeró las violaciones y hechos punibles que se desprenden de las confesiones del ex administrador de “justicia”.
“Viola el Código de Etica del Juez, el Código Penal y los principios de imparcialidad judicial y la legitimidad de las decisiones; tambiénla Ley Contrala Corrupciónyla Constitución, especialmente su artículo 157. Se trata de crimen organizado para agredir y perseguir personas a través del sistema judicial”, expresó Romero.
Empresario en Yaracuy
De acuerdo con las denuncias presentadas por el Foro Penal, uno de los casos marcados por la intervención de Aponte, donde se señala también a la presidenta del TSJ, es el del empresario yaracuyano Kamel Salame.
“Con la complicidad del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, quien es miembro de la banda de Aponte Aponte donde también estan jueces como Julio César Torres y el fiscal del Ministerio Público Alejandro Alba Morales, sobrino de Luisa Estella Morales, le montaron un procedimiento al empresario Kamel Salame Ajami”, manifestó la abogada Lilia Camejo, tambin integrante de la ong.
“Le sembraron una gandola supuestamente robada, lo metieron preso y le confiscaron todos sus bienes, incluyendo su vivienda principal, de donde sacaron a la calle a sus hijos menores de edad”, denunció.
Camejo indicó que el caso fue radicado por Aponte en el estado Aragua.
Video de Caldera es ilegal
Alfredo Romero, miembro de FPV, enfatizó el carácter “total y absolutamente ilegal” de la grabación del video que muestra al diputado Juan Carlos Caldera recibiendo dinero supuestamente destinado a la campaña de Henrique Capriles.
Aseguró que mientras no se obtenga mediante una orden judicial emitida por un tribunal y debidamente fundamentada, esta “prueba”, cuya grabación fue preparada y divulgada por el PSUV, no tiene validez legal. Por el contrario, constituye un atropello a los derechos procesales de la persona y una violación a Ley sobre Protección dela Privacidadde las Comunicaciones, aprobada en 1991.
“Allí se establece claramente la inviolabilidad, confidencialidad y el secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas”, recalcó Romero.
En este sentido, el abogado condenó a las instituciones del Estado, dirigidas por el gobierno nacional bajo lineamientos políticos, por la práctica reiterada de estas grabaciones que son transmitidas constantemente a través dela Red Nacionalde Medios Públicos.
En su opinión, más que investigar un acto supuestamente ilegal o de corrupción, lo que se quería era “montar un show político”.
“Si se hubiese querido llevar una investigación adecuada lo primero que debieron hacer era buscar la autorización de un tribunal. ¿Por que en lugar de llevarlo a los canales del Estado no lo llevaron directamente ala Fiscalía? Porque saben que el video es ilegal”, expresó.
El Dato:
Algunos casos políticos emblemáticos manejados por Aponte: Ramón Rodríguez Saavedra, empresario; Eduardo Lippa, ex gobernador de Yaracuy; general Alfonzo Martínez, condenado por caso 11 de abril; Antonio Briceño, ex alcalde de Ciudad Guayana; Rolando, Othoniel y Juan Bautista Guevara, condenados por caso Anderson; caso ex comisarios Iván Simonóvis, Lásaro Forero y Henry Vivas.
Foto: William Toledo
