Insiste el gobierno en pretender hacernos creer que la tendencia declinante que en estos momentos registra el índice de inflación en el país, cerrando en agosto en 1,1%, es producto de las “acertadas” políticas económicas que se vienen aplicando tanto en el ministerio para la Planificación y las Finanzas, como en el propio ente emisor.
Incluso el emisor llega a afirmar que “La política de plena soberanía alimentaría, que se expresa en una mayor producción y distribución de alimentos, es una de las claves de la exitosa estrategia implementada por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) para abatir la inflación, que este año ha caído de manera pronunciada y constante”.
Cualquier venezolano desprevenido que lea este señalamiento, lo primero que se planteará es que como se puede hablar de soberanía agroalimentaria, cuando se sabe que más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, proceden de otras latitudes.
Y no nos estamos refiriendo específicamente al trigo, que se importa en un 100% porque no se produce en el trópico; también las oleaginosas que se importan en un 95%, porque todos los intentos para producir los rubros de los cuales se pueda extraer aceite, como es el caso del girasol que sembraron en el Valle del Río Turbio, han fracasado estruendosamente; sino que estamos hablando de otros rubros alimenticios como la leche en polvo, azúcar, arroz, maíz, caraotas, atunes y sardinas enlatadas, carne de res rubro del que se importa el 52% del consumo nacional; pero el colmo de los colmos es que estamos importando cerca de 900 mil quintales de café, ya que la producción nacional este año posiblemente no pase de las 800 mil toneladas, debido al abandono y a la falta de atención que ha tenido este sector en los últimos años, por parte del sector oficial.
Como la realidad que viven los campesinos venezolanos, sobre todo después de la estatización de agroisleña, porque ahora no consiguen fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, equipos; y con la expoliación de Tracto América, donde los productores adquirían las maquinarias y equipos, le está dando en la cara a los funcionarios del alto gobierno, el emisor asegura que buena parte del esfuerzo conjunto para frenar las presiones inflacionarias esté dirigido a mejorar las capacidades productivas en el campo, así como a “garantizar aquellas importaciones que son imprescindibles, a fin de satisfacer el mayor consumo de una población que eleva su bienestar social día a día”.
Pero como si no fueran suficientes las cifras sobre el deterioro de la producción, no sólo por falta de estímulos por parte del Estado, por la ausencia de financiamiento suficiente y oportuno, tanto de la banca pública como privada, sino también debido a los problemas climáticos que han afectado buena parte de las áreas de siembra en todo el país, la semana pasada se realizó un foro en la sede de un diario capitalino, donde un grupo de especialistas expuso con cifras en la mano, cómo se han incrementado las importaciones de alimentos en Venezuela en los últimos 14 años.
De allí que resulta contradictorio, que mientras el BCV admite la necesidad de hacer esfuerzos para aumentar la producción interna de alimentos, persisten las ocupaciones de tierras, los secuestros en el campo, la inseguridad jurídica, las amenazas contra la propiedad privada, a lo cual se suma la rigidez del control de cambios y de precios, lo que ha contribuido a que en los tres últimos años la producción de alimentos ha caído en un 22%, lo que se refleja en un mercado caracterizado por un alto índice de escasez y la reducción en la variedad de productos, incluso cifras más recientes del propio emisor señalan que para el segundo trimestre del año 2012, la producción de alimentos bajó en -9%.
Necesario revertir la tendencia
Aún cuando todos estamos conscientes de que el incremento irracional de las importaciones de alimentos, se ha convertido en un lucrativo negocio que ha permitido el enriquecimiento de muchos boliburgueses, es necesario que el Ejecutivo termine de entender que adquiriendo la comida en el exterior, le estamos dando empleo a gente de otras naciones, además estamos utilizando las divisas que pudieran destinarse a atender muchos de los grandes problemas que tiene el país.
De allí que productores y los profesionales vinculados con el agro y la cría, proponen la implementación de políticas públicas integrales que privilegien la producción nacional; definir políticas de financiamiento de largo plazo y con intereses preferenciales; garantizar la propiedad de la tierra a todo aquel agricultor que la mantenga productiva; crear programas de apoyo a pequeños y medianos productores, dándole subsidios a los más pobres e impulsar un plan de empleo en el campo, para evitar que la gente siga migrando hacia las ciudades a pasar trabajo y vivir en zonas marginales o en los refugios abiertos por el gobierno; crear programas para promover la investigación y el desarrollo tecnológico y para cerrar, impulsar un plan de desarrollo rural territorial integral que mejore la vialidad y los servicios, que en muchas regiones productoras del país tienen entre 70% y 90% de deterioro.
Lo más lamentable de toda esta problemática, es que también el sector manufacturero se las está viendo negras y solamente los comerciantes están subsistiendo con mucha dificultad.
