«Guillermo Palacios, conocido denunciador de oficio, trata de maquillar con la mentira el caso del diputado Juan Carlos Caldera, quien fue denunciado, con pruebas en manos, por el diputado Julio Chávez recibiendo sobornos para la campaña presidencial del candidato de AD, Capriles Radonski, y ahora denunció en medios de comunicación al diputado Chávez, poseedor de una moral alta, de presuntos hechos de corrupción», manifestó el abogado Carlos Luis Hernández, síndico procurador del municipio Torres, quien agregó que todas las denuncias formuladas por Palacios han sido enfrentadas ante las instituciones respectivas.
Explicó Hernández que en el caso Construsogo, del año 2005, es totalmente falso que esta obra se haya ejecutado en el marco de un decreto de emergencia y se obviaran los procedimientos legales establecidos en la Ley de Licitaciones para contratar obras con recursos públicos.
“Existió un proceso de licitación que se convocó en fecha 28 de julio de 2005 y luego del procedimiento de Ley, se celebró la apertura del sobre A el 17 de agosto de 2005, donde se recibieron dos ofertas válidas de las siguientes empresas: RV Ingeniería y Maquinarias de Occidente destacándose que en el mismo participaron como observadores el Centro de Ingenieros del estado Lara en la persona de ingeniero Nelson Hurtado; y la Contraloría Municipal, que para la fecha ejercía el control previo sobre las actuaciones del ente ejecutivo y avaló la contratación que se produjo con ocasión de este proceso de licitación, en la persona del ingeniero Alonso Colmenárez”.
El contrato, sostuvo, se realizó con la Empresa RV Ingeniería C. A., que fue la que obtuvo la buena pro y no con la empresa Construsogo, tal como lo señala la denuncia realizada, por lo que es otra mentira más del denunciante de oficio.
“Esta denuncia es temeraria y con una clara intencionalidad pretendiendo distraer la atención de la opinión pública larense. Estos mismos hechos fueron denunciados por este personaje ante la Fiscalía 22 del Estado Lara en el año 2005 y fue sustanciada bajo la nomenclatura No. 13-F-22-477-05, posteriormente declinada en la Fiscalía Nacional NN-F-25-00014-05, ante las cuales se han evacuado todas las pruebas que demuestran que no reviste ningún carácter ilícito las mentiras denunciadas”.
“Lo que sí está claro y es cierto y preciso, es que el denunciante se confunde, porque donde sí se evadieron los procedimientos de licitación fue en el año 2003 en la gestión del ex alcalde Javier Oropeza, militante de OFM, partido de Guillermo Palacios, suplente en la Asamblea Nacional, quien conoce muy bien el caso porque era el asesor del exalcalde Oropeza”.
