La historia política de Venezuela se cuece zigzagueante sobre las hornillas de la traición a los aliados o el pacto oculto con los adversarios, desde nuestros días inaugurales. Es una tara cuyo destierro pesa sobre las generaciones del futuro.
Son emblemas de los siglos XIX y XX el arreglo que pacta Bolívar con los realistas, a la caída de la Primera República, entregando a su superior, el Precursor Miranda, para obtener a cambio un pasaporte que le salva la vida, y el golpe de Estado que más tarde propina J.V.Gómez a su compadre enfermo, Cipriano Castro, en 1908.
En pleno siglo XXI pueden mencionarse los «arreglos habituales» a los que es dado el hoy candidato a ex presidente, tanto que pacta con las FARC y Cuba, a quienes les entrega el suelo y la vida de los venezolanos para asegurarse el espionaje y la siembra del terror que le permitan sostenerse en el poder hasta el final de sus días.
Las miras de unos y de otros, cabe decirlo, son las que al final determinan el carácter moral o inmoral de lo que así hayan arreglado. El Pacto de Punto Fijo en Venezuela y el Pacto de la Moncloa en España, antes bien, facilitan la reunión y el entendimiento entre actores politicos y económicos quienes antagonizan acremente, pero entienden estar atados a un objetivo superior que les es común, para bien propio y para el Bien Común, a saber, garantizar la pluralidad como modo de vida dentro de la democracia.
Hay otras modalidades de traición o de pactos de muy baja estofa, que ocurren dentro del mismo marco de la “política”, como aquéllos animados por propósitos personales, utilitarios o espúreos, y que degradan a la política al hacerle perder su sentido o finalidad, como lo es el servicio a la polis, a la ciudad, a la gente, a la misma democracia.
Los «entendimientos» necesarios para el financiamiento de la actividad política, asunto que a nadie debe escandalizar pues hasta los monjes de clausura y los artistas urgen de la caridad o el mecenazgo, pueden o no encuadrar dentro de la anterior perspectiva. Todo depende de los fines y saber si acaso perturban o no los nobles cometidos que son obligantes para el quehacer político.
En las naciones democráticas los ciudadanos hacen aportes, con límite preestablecido, a sus partidos o candidatos, que luego descargan de los impuestos, o bien el mismo sector público asume tal carga con cargo al presupuesto nacional – por indispensable la actividad política y partidaria para la democracia – o se permite que el sector privado financie, de modo transparente y con dineros de origen lícito, las jornadas electorales o de proselitismo. Ello no es nada nuevo, menos pecaminoso o censurable, salvo por los hipócritas o quienes trafican con la política a hurtadillas.
En Venezuela, sin embargo, la situación es irregular o atípica, por decir lo menos. El hoy candidato a ex presidente, desde que llega al poder proscribe el financiamiento público de la actividad de los partidos, pues en definitiva se hace de la idea de imponerle a los venezolanos un partido único – el partido oficial dependiente del Tesoro – y matar de mengua a sus adversarios políticos. ! Que éstos reciban ahora financiamiento de empresarios, por ende, lo escandaliza, a él y a los suyos, pues representa un desafìo a su citada regla de estirpe dictatorial!
De confirmarse ella, sobre todo ahora y en escenarios como los que plantea la sociedad de las comunicaciones en curso, el quehacer militante por la democracia perecerá, quedará reducido a los políticos con patrimonio propio, los que medran a la sombra de la corrupción, o los se arriman “transando” a la teta del Estado. Sin finanzas públicas y cuestionadas las privadas es imposible competir, con igualdad de armas, frente al dueño y candidato del gobierno.
Es a la luz de esta reflexión, entonces, que cabe ponderar el vergonzante «pacto de las pistolas» habido entre el candidato a ex presidente y el célebre empresario boliburgués Wilmer Ruperti, quien, para beneficio de primero, le monta – según la prensa – una celada al joven diputado de oposición Juan Carlos Caldera. Le da 20.000 bolívares para la campaña que realiza por la Alcaldía de Sucre, tan apetecida por los Montesinos del régimen, pero deliberadamente envenenados.
Sin embargo, nada se dice del financiamiento que años atrás recibe el ahora candidato a ex presidente, por 1,7 millones de dólares, de manos de banqueros españoles, que motiva la investigación del destituido Juez Baltazar Garzón y al que el Tribunal Supremo de los Aponte Aponte le pone sordina. Menos se especula sobre las pistolas de oro bolivarianas que el propio Ruperti le obsequia a aquél días atrás, valoradas en la bicoca de 1,6 millones de dólares.
Ello ocurre por una razón elemental:!Nada impacta a la opinión que ocurran o se cocinen traiciones en casa de quienes hacen de la política oficio de traidores, o consideran que en la política todo tiene su precio, el vil metal! Distinto es, para la gente de a pie, ver chispeado con la regadera de los corruptores el traje limpio y seco que intenta endosar nuestra empantanada república. De modo que, a la sazón de lo ocurrido, a la experiencia no se la debe hacer esperar.
Una cosa es el propósito serio y cierto que anima a la Venezuela de Capriles de pegar las piezas del rompecabezas nacional en que nos hemos transformado por obra del candidato a ex presidente, y otra distinta es pactar o extenderle la mano a quienes, bajo un arreglo de pistoleros millonarios, enlodan con el fango de su corrupción al porvenir de la patria. Y eso es lo que pone en claro, con rapidez y firmeza de veterano, el próximo Presidente de Venezuela.
