Hasta el día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia no había dado respuesta a la solicitud hecha por el Dr. Guillermo Pastor Cadena Ríos, representante de la International Federation of Chaplaing and Human Rights, de la interpretación de la desincorporación de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José, Costa Rica, hecha el 14 de agosto de este año.
El Dr. Cadena, quien visitó la redacción de EL IMPULSO, manifestó que el presidente de la República, Hugo Chávez, ha dicho que todas las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ido contra la sentencia que ha dado la Sala Constitucional.
En el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos encontramos con que los ciudadanos podemos recurrir a instancias internacionales cuando no estemos de acuerdo con una decisión nacional (de la Sala Penal o Constitucional), donde estamos seguros que no se ha restituido la situación jurídica infringida.
Al respecto citó el caso que se presentó con Leopoldo López, quien fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República.
Él recurrió a las instancias nacionales; pero, la Sala Constitucional ratificó el acto administrativo del contralor.
Sin embargo, como los tratados al ser ratificados por Venezuela se convierten en leyes de la República, tienen plena validez y precisamente eso ocurre con el del Pacto de San José.
Conviene señalar que para conocer de la interpretación, la Constitución establece precisamente en su artículo 266 esa facultad y el 335 garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales.
Y claramente indica que no puede ser declarado inadmisible el recursos intentado, declaró el Dr. Cadena, quien pide al TSJ demostrar su competencia.
Foto: Dedwison Álvarez
