La decisión unilateral por parte del Ejecutivo Regional de cancelar las prestaciones sociales de cientos de jubilados del sector educación, específicamente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltran Prieto Figueroa”en el estado Lara, originó el rechazo colectivo de los trabajadores de esta casa de estudios, una disposición que no ha sido presentada con claridad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y que consideran una violación a la Constitución de la República.
Iris Villalonga, vocera del Sindicato de Trabajadores del Pedagógico de Barquisimeto, destacó que la metodología y el instructivo para el otorgamiento de los bonos no estaba claro, pues se trata de una especie de “híbrido”, entre las normativas de 2002, 2003, 2004, 2007 y 2012, con lo cual el personal jubilado llega a perder hasta 20 mil bolívares fuertes de sus prestaciones sociales.
“La directora adjunta de la OPSU, Tibisay Hung en una reunión la semana pasada nos indicó que la normativa no importaba y que si sacábamos la cuenta, las personas cobrarían más dinero de lo que las universidades habían planteado, señalamiento del cual no tenemos ninguna certeza, por cuanto la OPSU lo único que ha publicado son los números de cédula de los jubilados mayores de 70 años”.
Indicó que como gremio rechazan la medida, inconsulta y sin ningún tipo de explicación técnica y veraz sobre la metodología de cálculo de pasivos laborales.
“Si esa decisión de verdad beneficiara a los trabajadores estuviese publicado el instructivo, documento que nunca llegó a las universidades. No podemos calcular de bueno, algo que no conocemos. No nos consta que el método sea beneficioso para los trabajadores, necesitamos el instructivo en cada universidad para así certificar”.
“Rechazamos la forma inconsulta en la cual se aplicó un instructivo completamente desconocido, no sólo para los trabajadores sino también para sus dirigentes”.
Así mismo, expresó que no están de acuerdo con el pago de prestaciones sociales en forma de petrobonos, pues en la Constitución se señala expresamente que deben ser canceladas en la moneda de curso legal.
“Los trabajadores necesitan su dinero en efectivo no papeles que no sirven de nada, porque esos bonos valen en manos del Gobierno y de las trasnacionales. La gente necesita su dinero y con bonos no se paga nada”.
Villalonga indicó que a partir del 19 de septiembre, fecha en la cual se reincorporan a sus puestos de trabajo, se mantendrán en la lucha gremial, junto a representantes de las diferentes casas de estudios superiores del estado.
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