La titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, se unió este jueves al bloque de voces que desde el Ejecutivo nacional han descartado la denuncia sobre la presunta masacre de una comunidad de Yanomamis en el Alto Orinoco.
“No es cierta la muerte de un grupo de 80 indígenas”, afirmó la Fiscal General de la República en el marco de la emisión semanal de su programa radial.
En este sentido, la alta funcionaria del Estado ratificó la versión ofrecida el domingo pasado por los ministros del Interior y Justicia y de Pueblos Indígenas, y repetida por el presidente Hugo Chávez, quienes insisten en que la “tranquilidad” de los representantes de las etnias autóctonas fue verificada in situ.
Según Ortega, el pasado 31 de agosto partió una comisión “encabezada” por el propio subdirector de investigaciones en Delitos Comunes, Zair Mundaray.
“La comisión llevó a cabo un recorrido completo por todas las comunidades del lugar, además de entrevistas realizadas a habitantes de la zona, y en ninguno de los sitios visitados se pudo constatar que hubiese ocurrido tal hecho”, aseguró la titular del Ministerio Público.
Cabe destacar, la versión oficial surgió dos días después de que fuesen enviados los representantes oficiales en el estado Amazonas, a constatar la situación de dos de las nueve comunidades Yanomamis que no pudieron ser contactadas por radio.
No obstante, las organizaciones indígenas de derechos humanos han insistido en que la comunidad Irothateri, la que supuestamente habría sido masacrada por “garimpeiros”, se encuentra a cuatro días de camino a pie de la población mas cercana en una selva intrincada, por lo que resulta imposible que las autoridades hubiesen llegado en tan poco tiempo. Además, los señalamientos locales transmitidos por las ong’s indican que el ataque habría ocurrido hace dos meses, alrededor del 5 de julio.
Al asumir su posición, Ortega Díaz no sólo desestimó las denuncias reiteradas por los protectores de DDHH y grupos ecologistas, sino también (una vez más) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana exhortó al Estado venezolano a no abandonar la investigación.
“Debe cesar el hostigamiento” por parte de ese organismo, afirmó la funcionaria.
El “compromiso con el país”
Tras las declaraciones la fiscal general de la República prefirió cambiar de tema, y se refirió al proceso de “municipalización de la justicia” que adelanta conjuntamente todo el sistema judicial, en el marco de la misión A Toda Vida Venezuela.
En este sentido, la fiscal general indicó que el miércoles pasado concluyó el ciclo de seminarios realizados en todo los estados del país en los que se instalaron mesas de trabajo para “sintetizar la información aportada por los miembros de las comunidades organizadas, con el fin de conocer la problemática que los aborda y, de esta manera, plantear posibles soluciones”.
“El Ministerio Público tiene un compromiso con el país, con sus habitantes, por eso estamos trabajando en honrar ese compromiso (…) queremos que se imponga la justicia, que frente a cada delito haya la respuesta inmediata y oportuna por parte del Estado”, aseguró Luisa Ortega Díaz.
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