Por primera vez en Venezuela, desde 1999, tenemos una Sala del
Tribunal Supremo de Justicia (1999) integrado por siete (7) jueces
cuyo objeto es construir un Estado Constitucional. Para lograrlo
necesita conocimiento, autoridad jurídica y aceptación, así como la
confianza de la población.
Sin embargo, el tribunal ha preferido atender al discurso político
basado en la ideología, siempre justificando la guerra contra el
villano, quién en todos los casos es aquél que no comparte el proceso
revolucionario identificado en Hugo Chávez. Abolió la división de
poderes, la aplicación imparcial de las leyes, y la protección y
garantía de los derechos humanos.
La labor política la ha concentrado en dar contenido al “Socialismo”
utilizando las normas constitucionales, esencialmente suprimiéndole el
sentido individual de las garantías de los derechos humanos, (“Toda
persona tiene derecho…”) de cada persona a quien se le violen sus
derechos, sin que obtengan protección del Poder Judicial, y ha contado
para ello con la ayuda del Ministerio Público que dice y hace
igualmente lo que le ordenan desde Miraflores.
Lo cierto es que todas las causas que conoce la Sala Constitucional
que no tienen la marca política muestran igualmente una tremenda
injusticia. Algunos números lo revelan.
Por ejemplo, los ingresos de solicitudes de amparo (protección de
derechos humanos) en el año 2010 fueron de 948 expedientes de personas
pidiendo protección de sus derechos. De esas 948 decisiones sólo 24
fueron declaradas con lugar. Le gusta más a la Sala Constitucional
revisar sentencias de otras Salas del Tribunal, como manera de
subyugar a esos magistrados a su poder supremo-tiránico. De que sirve
haber publicado 26.000 sentencias en 13 años, si la protección de la
garantía de los derechos constitucionales no ocupó prioridad alguna.
Cuando Henrique Capriles esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional
qué comportamiento asumirán los Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia?
¿Solicitarán una audiencia con el nuevo Comandante en Jefe? ¿Se
jubilarán? ¿Saltarán la talanquera? Desde el 10 de enero de 2013 los
electores exigiremos de todos los jueces de la República pluralismo,
independencia y alarde de conocimiento jurídico al sentenciar.
El presidente Capriles dispone de un instrumento legal idóneo para
apoyar el proceso de adecentamiento del Poder Judicial, basta con
aplicar la Ley del Sistema de Justicia.
