España dejó el sábado de prestar atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales, una de las medidas de recorte más polémicas emprendidas por el Gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy para cumplir con su objetivo de reducción del déficit fiscal impuesto por la Unión Europea.
El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas «sin papeles» – una medida con la que Madrid calcula ahorrar unos 500 millones de euros – ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.
La portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría explicó en rueda de prensa que la cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán «derecho a una asistencia sanitaria (de urgencia), pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares».
«No va a haber desatención sanitaria», dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes, recordando que el sistema seguirá prestando servicios de salud a «menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmitibles».
Entre los críticos al retiro de las tarjetas están las organizaciones activistas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.
Según las organizaciones, esta decisión «podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud».
