Cuando Henrique Capriles se tercie la banda presidencial a partir del 10 de enero de 2012, podrá gobernar ejecutando directamente todas las obligaciones de rango constitucional que garantizan la satisfacción de los derechos del pueblo venezolano.
Deberá prepararse para desaplicar todas aquellas disposiciones directamente inconstitucionales: nadie puede obligarlo a infringir la Constitución.
Igualmente, todas las leyes dictadas por la Asamblea Nacional o por la delegación que hiciera al presidente saliente cuyo objeto es reconocer derechos a la participación y organización social de los ciudadanos, las podrá ejecutar desde el primer día de su mandato.
En cuanto a la concentración en el presidente de la República de todo el poder del Estado, todos esos textos legales, éticamente aplicados, habilitarán a Capriles, al inicio de su mandato, para ejecutar el Plan de Gobierno consignado ante el Consejo Nacional Electoral.
Aahora un demócrata tendrá todo el poder con leyes que el Tribunal Supremo ha declarado conformes a la Constitución, las cuales así como sirvieron para centralizar, le permitirán descentralizar competencias en los Estados y Municipios y coordinar esas acciones con los consejos comunales; actuar para reordenar la economía; activar relaciones internacionales plurales con países que ofrezcan ventajas para Venezuela, dar confianza a la inversión nacional y atraer la extranjera.
Y lo prioritario: atacar los problemas sociales, en especial, seguridad, salud, vivienda y empleo sin necesidad de requerir en lo inmediato de nuevas leyes de la Asamblea Nacional. Las hay suficientes para que el presidente Capriles las aplique y cumpla sus compromisos de campaña. De ahí el sabio proverbio “Nadie sabe para quien trabaja”.
Tiempo tendrá para iniciar la depuración de la normativa contraria a la Constitución. No será fácil en un comienzo con una AN roja rojita, cuyo trabajo más arduo ha sido decir amén a Chávez. Este año han aprobado créditos adicionales por 84 millardos de bolívares, es decir más del 60% del Presupuesto Nacional de 2012, para “aceitar” la campaña del presidente/candidato.
Nos tocará asistir a saltos de talanquera y desbandada de muchos diputados. Sin jefe oficial, con un mandato que termina en dos años, sólo les queda recuperar el voto y cumplir, aunque sea tardíamente, con su función de legislar y controlar al resto de los poderes del Estado.
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