Contradicciones a granel son las que desenmascaró el fascinante caso del
fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien Ecuador le concedió asilo
diplomático en su embajada de Londres, pero Gran Bretaña le niega el
salvoconducto para abandonar el país.
Partidarios de Assange, entre ellos el presidente ecuatoriano Rafael Correa,
favorecen su asilo, argumentando que se trata de un complot internacional
con nexos en la libertad de expresión. La confabulación estaría orquestada
por EE.UU. en represalia por la ventilación de sus secretos de Estado, en
complicidad con la justicia sueca que habría inventado delitos sexuales y
por el Supremo Tribunal británico que acordó extraditar a Assange a Suecia,
desde donde sería enviado a EE.UU., para que se le condene a pena de muerte
por traición.
Aunque muchos políticos estadounidenses sienten el deber legal de encausar a
Assange, el argumento original de la pena de muerte contra un extranjero
bajo la Ley de Espionaje es irreal. Primero, porque los acuerdos entre la
Unión Europea y EE.UU. no permitirían la extradición bajo esa figura y,
segundo, si la acusación fuera viable, lo más seguro es que los jueces, en
interpretación de la Primera Enmienda, favorecerían el derecho a la libertad
de expresión por sobre violaciones a la seguridad nacional.
Otra contradicción involucra a personajes y directores de Hollywood, como
Oliver Stone, Michael Moore y Danny Clover, quienes creen que Assange es
víctima de represalias por su trabajo en Wikileaks. Estos amigos de la
libertad de expresión, paradójicamente defensores de Hugo Chávez y Fidel
Castro, son los mismos que condenaron a Rupert Murdoch, cuando se descubrió
que su periódico londinense, News of the World, publicaba noticias de
políticos y celebridades después de obtenerlas clandestinamente, práctica
similar a la usada por Wikileaks. Y muchos de ellos también pidieron por la
cabeza de Dominique Strauss-Khan, ex director del Fondo Monetario
Internacional, procesado por violación sexual, delito que ahora se le achaca
a Assange.
Sin embargo, la mayor contradicción pertenece a quien se elevó como
protagonista eventual de esta historia, el presidente ecuatoriano, desde que
Assange decidió refugiarse en su embajada el 19 de junio. El caso le vino
como anillo al dedo a Correa, deseoso de instalarse como juez moral supremo
para denunciar los atropellos de potencias imperiales y colonialistas, y
para lavar su mala imagen internacional forjada por su persecución contra la
libertad de prensa, medios y periodistas.
Difícilmente lo consiga. Todavía se recuerda su manipulación de la justicia
para perseguir a directivos y columnistas de El Universo y la demanda que
entabló contra los autores del libro El Gran Hermano, por la divulgación de
información sobre negociados secretos entre él y su hermano. Es curioso que
ayer denostara esa práctica subrepticia de conseguir información – que le
llevó a incluir severas penas en la futura Ley de Comunicación – a la que
hoy convirtió en uno de sus argumentos para defender a Assange y Wikileaks.
Lo de Gran Bretaña también es incongruente. Su amenaza de violar la
independencia y soberanía ecuatoriana para atrapar a Assange, viola los
principios diplomáticos establecidos en la Convención de Viena, por más que
argumente que no quiere crear un antecedente para que cualquier criminal o
acusado de un crimen busque impunidad en una embajada.
EE.UU. tampoco es ajeno a cualquier ecuación. Los ataques cibernéticos en
contra de Wikileaks y la presión ejercida contra empresas tecnológicas y de
tarjetas de crédito forzadas a boicotear las finanzas del sitio y de
Assange, muestran que hay otras formas de «hacer justicia».
Ahora que la amenaza de Gran Bretaña contra la embajada de Ecuador se
disipó, que el Departamento de Estado dijo que no persigue a Assange y que
la OEA, Unasur y Alba piden el diálogo para que se zanjen las diferencias,
le queda a Assange asumir responsabilidades para no contradecir su reclamo
por más justicia y transparencia en el mundo.
Suecia lidera las clasificaciones mundiales en materia de seguridad
jurídica, libertad de prensa y transparencia, garantías que Assange tiene
para comparecer ante los tribunales por las acusaciones de Anna Ardin y
Sofia Welin, en realidad, las más desamparadas en esta historia.
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