“Es innegable que en las cárceles de Venezuela se vive una guerra civil”, aseguró este martes el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
En declaraciones ofrecidas a Unión Radio, se refirió al reciente estallido de violencia en la cárcel de Yare I, donde murieron 25 reclusos y un familiar, según cifras oficiales.
“Lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras cárceles, es una guerra civil no declarada”, afirmó.
Más de 570 muertes se han registrado en las cárceles venezolanos en los 7 meses que han transcurrido de 2012, lo que representa un aumento de 6% con respecto al mismo lapso del año pasado, maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones. Este incremento ha coincidido con el primer año de gestión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Frente a esta realidad, Prado condenó la actitud demostrada por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, al tratar de atribuír una condición de “naturalidad” a la violencia desatada en las cárceles, cuyos presos “tienen su propio autogobierno”.
“La propia ministro después que dice que fallecieron 25 reclusos y que hay 43 heridos, dice que la cosas estan en calma, y reconoce que dentro de la cárcel todavía quedan más 900 familiares. Cuando tu vez ese tipo de respuestas, frente a la situación tan irregular que hay en Venezuela, donde la autoridad en los establecimientos no la tiene el Estado, sino que la transfirió a grupos armados para que ellos tengan su propio autogobierno, y lamentablemente lo transmiten como una situación de normalidad, nosotros simplemente tenemos que rechazar contundentemente este tipo declaraciones”, sentenció el defensor de derechos humanos.
Responsabilidades
De acuerdo con la opinión de Prado, “el estado debe asumir su responsabilidad, porque cuando a una persona la detienen su seguridad y el proceso que determinará si es culpable o inocente queda en manos del Estado. Lo que no dice ninguna ley es que grupos internos le van a quitar la vida alguien, y en eso es que tiene que asumir su responsabilidad”, recalcó.
El director del OVP fue más allá al asignar las responsabilidades por los hechos sangrientos responsabilidades, pues considera que el gobierno también debería indemnizar a los familiares de los privados de libertad que han perdido la vida gracias a la falta de una política carcelaria eficiente.
