El Gobierno está desesperado por generar expectativas de solución habitacional, para captar mayor número de votos en las venideras elecciones del 7 de octubre.
Así expresó la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoymei Lau, al ser consultada sobre las modificaciones que el Ejecutivo Nacional ha implementado en los últimos meses en el área de vivienda.
Las nuevas normas recientemente publicadas por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat derogan los requisitos fijados en 2011, como las cuotas iniciales para la compra de unidades habitacionales según los niveles de ingresos siendo el tope máximo 20%.
Esa medida ya no se refleja en las resoluciones publicadas en la Gaceta del 20 de julio de 2012, situación que perjudica a los promotores inmobiliarios y constructores, por cuanto el financiamiento del 100% al comprador contradice lo establecido en la Ley de Bancos, la cual permite a las instituciones financieras otorgar los créditos hasta por 85%. “¿Cómo garantiza la banca el retorno del dinero que presta cuando todos sabemos que los salarios de los venezolanos se diluyen todos los meses frente a la inflación? Lamentablemente el tren ejecutivo en el área económica no se ha ocupado de crear políticas que incentiven la economía del país. Han ido en contra del desarrollo del sector privado. Por tanto, el déficit habitacional crece sin que nadie pueda revertirlo”, dijo.
Lau recordó que las cuantiosas ganancias provenientes de los precios del petróleo debieron dirigirse a las inversiones en el área social y de infraestructura. “Con el deterioro de los ingresos de los trabajadores es casi imposible que puedan pagar las mensualidades de su casa al banco. Tenemos 8 años pidiéndole al Gobierno un consenso general de la vivienda. Entre todos podíamos haber atacado ese problema”.
La dirigente gremial destacó que la inicial le permitía en el pasado a los constructores adelantar sus proyectos. “Desafortunadamente en Lara contamos sólo con cinco a seis constructoras emprendiendo desarrollos habitacionales. ¿Cómo puede construir un privado si todas las leyes que han creado les impiden desarrollar sus actividades adecuadamente? Durante 60 años el sector privado ha construido el 80% de las viviendas”.
A juicio de Lau, leyes como la Ley de Arrendamiento de Viviendas, la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda y contra la Estafa Inmobiliaria, han acabado con uno de los sectores más importantes para la economía del país. “Desde la Cámara denunciamos el mercado negro de cabillas y cemento. ¿Qué ha hecho el Gobierno para frenar esto? No hay voluntad política para generar condiciones básicas para que el sector se desarrolle y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
En este contexto, la dirigente gremial exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional de todas las tendencias, a promover normas que se ajusten a los intereses del colectivo por encima de sus pretensiones políticas. “Las leyes deben contribuir al desarrollo de todos los sectores en beneficio de la población. Es hora de pensar en Venezuela”.
Las viviendas son para los larenses
A la Cámara Inmobiliaria le preocupan los hechos de violencia que se han generado en los sectores populares, a causa de las invasiones y adjudicación de viviendas a personas que no pertenecen a las comunidades. “El estado Lara reclama que las casas que se hagan sean para su región, y no para damnificados de otras ciudades. Las comunidades están molestas y con toda razón, pues llevan muchos años esperando una solución”. La organización gremial respalda las exigencias de las comunidades, pues “las casas levantadas en Lara deben ser para los larenses”.
Foto: Jairo Nieto
