Planteamientos
El análisis de cuanto ocurre en la actual campaña electoral venezolana es multivariado e incorpora numerosos comentarios acerca de los argumentos que están en juego para efectos de convencer al electorado en favor de una u otra propuesta, por parte de cada uno de los candidatos.
Los comandos de campaña revisan periódicamente la estrategia trazada y cómo ésta se va desarrollando, con miras a reforzarla o reorientarla.
En la estrategia que definió el triunfo de Bill Clinton, en el año 1992, jugó un rol importante el ataque a la política económica de George Bush (padre), cuyo alto nivel de popularidad descansaba en el éxito de su política exterior. La frase: “Es la economía, estúpido”, ponía de relieve aspectos de la cotidianidad de los electores y sus necesidades más perentorias. Se popularizó de tal manera que se convirtió en referencia central.
Una particular reflexión en cuanto a la significación que representa y continuará representando para una buena parte de los venezolanos, la política social y la manera de implementarla durante la gestión gubernamental en ejercicio y la que sigue, tiene que ver con los programas y la manera de gerenciarlos, cuestión que resulta un factor clave, más allá de la oferta electoral de mantenerlos y consolidarlos o reorientarlos, bajo una organización diferente y, por supuesto, los niveles de inversión que se destinen a ella.
Las diferentes investigaciones que se han realizado para conocer la inversión social que históricamente hicieron los gobiernos de la IV República y el sector privado, tomando en cuenta el modelo rentístico venezolano, con todos sus rasgos, advierten una tendencia acentuada en lo que va de este siglo, resultante de una política que privilegia la inclusión social, por un lado; y, por la otra, la permanencia de una tradición que se remonta a la creación de organizaciones privadas para vincular a las empresas con el desarrollo social, como es el caso del Dividendo Voluntario para la Comunidad, DVC, la cual, hoy por hoy, guardando las distancias, también reviste mayor relevancia, pero nunca en los términos que plantea el modelo socioproductivo que impulsa el gobierno.
Según cifras oficiales, en los últimos 12 años se ha destinado 468.618 millones de dólares a la inversión social, lo que ha permitido fortalecer el poderío económico, social y nacional; mientras que dicha inversión entre 1986 y 1998 fue de 73.494 millones de dólares, lo que evidencia, al comparar con la cifra actual, un crecimiento de 400% en el Gobierno Bolivariano. En la cuarta República se destinaba 36,2% de los ingresos del país a este tipo de inversión, mientras que en los 12 años que lleva la revolución se han dirigido 60,6% de las ganancias nacionales.
La apuesta por unos resultados favorables a la continuidad del mandato presidencial, en gran parte, reside en la atención a las demandas de los sectores excluidos y que son un segmento cuantitativamente importante desde el punto de vista electoral. A partir del golpe de Estado del año 2002 y el anuncio de la activación del referéndum revocatorio contra el presidente de la república por parte de la oposición, surgieron las misiones como un instrumento político cuya organización y gerencia, a tono con la inmediatez y el pragmatismo propio de la real politik, exigía canales más expeditos que la estructura ministerial burocrática no podía garantizar.
Los resultados electorales anteriores y los que se esperan, están estrechamente asociados a estos programas, pero paradójicamente, una derrota electoral pondría en evidencia la pérdida de efectividad, de eficiencia y de eficacia en su manejo, cuestión que está en la base argumental de quienes adversan al gobierno. En todo caso, si llegaron para quedarse como parece reconocerse, su permanencia y vigencia en el tiempo y su sustentabilidad, en el fondo, estructuralmente, tiene que ver, entre otros factores, con un problema de gerencia pública.
El nuevo paradigma de la gerencia en el campo de este tipo de programas, lejos de confinarse a los límites del eficientismo per se y a la asignación indiscriminada de recursos, tiene como desiderátum la sistematización de experiencias con énfasis en el seguimiento y evaluación de los resultados, a partir del impacto en las comunidades.
