Las casas construías por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Lara son las más costosas de todo el territorio nacional, advirtió un informe realizado por Provea con base en datos oficiales, sobre el primer año de gestión del proyecto gubernamental.
De acuerdo con la información recopilada por la ong, proveniente de la Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio de Comunas y Protección Social, una unidad en la entidad centro-occidental tendría un costo de 165 mil 366 bolívares fuertes, más del doble del presupuesto estipulado para construir una casa en Apure (Bs. 65.493), Vargas (Bs. 81.192) y Miranda (Bs. 82.367).
Ello se deduce al hacer un simple cálculo sobre los cifras que aparecen en el cuadro presentado por la dependencia gubernamental, que da cuenta de la distribución presupuestaria de las proyectos cuya coordinación el gobierno atribuye al llamado «Poder Popular», en los que participan los consejos comunales en los Programas de Sustitución de Rancho por Casa (SUVI) y Programa de Transformación Integral del Hábitat (PIH).
En este sentido, tenemos que de acuerdo con la versión oficial, en Lara se realizaron 482 proyectos en 2011 destinados a sustituír 1.328 unidades habitacionales, para lo cual se habrían destinado 219 millones 606 mil 131 bolívares.
Al hacer una comparación con lo ocurrido en las entidades de menos consumo de recursos públicos, resulta que en Apure se registraron proyectos para sustituír 2.833 viviendas con sólo 185 millones 541 mil bolívares, es decir, más del doble de las casas con dos tercios del dinero.
Cabe destacar, el estatus de estas casas, que a nivel nacional suman 40.509, aparece en la memoria y cuenta como «financiadas y en ejecución», lo que no necesariamente significa que en la actualidad hayan sido construídas.
Opacidad y turbiedad
Llama la atención la disparidad en los cifras de recursos destinados por cada región en relación con la cantidad de unidades proyectadas, sin embargo «no hay información oficial sobre los criterios que determinaron la variación en el costo de las viviendas», subrayó el investigador de Provea y coordinador de este estudio, Rafaél Uzcátegui.
Al observar el fenómeno, hay razones para pensar que existen irregularidades en la ejecución de recursos por parte de los consejos comunales, hecho que ha sido advertido incluso por la misma Contraloría General de la República en su Memoria y Cuenta 2011, tal como lo señala la investigación de Provea.
Entre las fallas detectadas por la institución del Poder Moral y plasmadas en su informe anual, asociadas a cuatro actuaciones de control y auditoría, se encuentran conclusiones como: «No se evidenció documentación relacionada con la verificación técnica de proyectos comunitarios», «se determinaron debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda operaciones financieras», y «deficiencias en cuanto a los procedimientos de seguimiento y supervisión en la ejecución de los proyectos».
Estos hallazgos del ente contralor respaldan la perspectiva denunciada por la ong a lo largo de su monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos, incluído el derecho a una vivienda digna.
A ello se suma lo que constituye la crítica central generada por este acercamiento a la Gran Misión Vivienda, como lo es la falta de transparencia y opacidad que predomina en la gestión gubernamental.
Esta tendencia se pone de manifiesto en hechos como la negación del acceso a la información pública que se ha impuesto como política oficial según lo ha denunciado la coalición de DDHH ProAcceso. Además, lo más notable lo constituye la incongruencia y falta de consistencia evidente en las cifras presentadas por diferentes instituciones públicas y voceros oficiales acerca de la misma gestión.
Todas estas condiciones constituyen un caldo de cultivo perfecto para la comisión de hechos de corrupción. Enmarcado en el caso en cuestión, como es la construcción de viviendas por parte de grupos comunitarios con recursos estatales, los blancos detectados en la data oficial son «detalles de obligatoria discusión por parte de las instituciones para que las personas que estan esperando sus viviendas puedan realizar la contraloría social, y ver la progresividad en los niveles de construcción, porque seguimos detectando denuncias acerca de retrasos en las casas construídas por el llamado Poder Popular», afirmó Uzcátegui.
Viviendas construídas y entregadas
Entre el 1° de abril de 2011 y el 10 de mayo de 2012 en el estado Lara se construyeron 1.220 casas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de acuerdo con las cifras aportadas por Provea que resultaron de un ejercicio de contraste entre la información publicada por diversas instituciones.
La mayor cantidad de soluciones habitacionales fueron construídas en el estado Zulia (7.371), Aragua (6.160) y Barinas (4.508).
Al observar el panorama general, el informe de la ong señala la cifra de 44.954 casas entregadas a igual número de familias entre marzo-2011 y mayo-2012, de las cuales 23.588 viviendas corresponden a los meses del año pasado y 21.366 al corriente.
Los investigadores de Provea utilizaron como fuente las memorias y cuentas de los ministerios de Vivienda y Hábitat y de Comunas,así como declaraciones públicas emitidas por voceros del Ejecutivo nacional, notas de prensa institucionales e informaciones publicadas por la Agencia Bolivariana de Noticias, los diarios VEA, Correo del Orinoco, El Universal y Ultimas Noticias.
Tal como resaltaron, las diferentes versiones (oficiales) debieron ser depuradas debido a la incongruencia entre las declaraciones y sus sustentos, entre lo que destaca la cifra de 146 mil casas supuestamente construídas por el gobierno en 2011, señalada por el ministro Rafaél Ramírez para justificar la meta presidencial de 150 mil. Vale destacar, la ong verificó que el gobierno incluyó en su cuenta, como propias, más 41 mil casas hechas por el sector privado.
Exhortos
«De todo el análisis hecho a la GMVV sacamos cuatro grandes conclusiones: en primer lugar que ha quedado demostrado que existiendo voluntad política para atender uno de los grandes problemas sociales es posible avanzar. No se justifica que el gobierno esperara 12 años para atender el problema de la vivienda», resaltó Marino Alvarado, director de Provea.
En segundo lugar, cuestionó que las cifras aportadas por los representantes del Ejecutivo no coinciden con la información pública vaciada en los informes técnicos de los ministerios y la realidad reflejada por los medios de comunicación.
Ello se pone de manifiesto en un hecho de mostrado: «A pesar de que el gobierno habla de más de 100 mil viviendas construídas, lo efectivamente adjudicado ha sido menos de 50 mil unidas».
En tercer lugar, Provea cuestionó el enorme déficit de información pública que favorece la corrupción. Finalmente «pareciera que la participación popular en la GMVV ha desaparecido, así como el ejercicio de la contraloría social».
Por último, entre sus recomendaciones la organización no gubernamental exhortó al gobierno nacional a que publique enla página web del Ministerio de Vivienda y Hábitat la identidad de las personas beneficiarias de la misión por ubicación geográfica; así mismo otros detalles como el porcentaje de ejecución y la empresa o iniciativa responsables de los trabajos, los datos relativos a la ejecución de los convenios internacionales, «con el fin de permitir la contraloría social y aminorar los hechos de corrupción».
