Los diputados Grace Lucena, Ernesto Sepúlveda y Zenaida Velásquez de Salas, miembros de la bancada opositora del Consejo Legislativo del estado Lara, rechazaron la realización de una sesión ordinaria en horas de la noche del martes por parte de los diputados de la bancada del chavismo, lo cual consideran como una maniobra para ignorar los reclamos del pueblo larense.
Según los cálculos de los parlamentarios, los diputados del chavismo adeudarían unos 350 millones de bolívares fuertes, por conceptos de pagos a través del Fondo de Compensación Interterritorial, el aumento del Situado Constitucional de la región y la aprobación de recursos a través del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
El motivo de esta situación no sería otro que la insistencia de los parlamentarios rojo-rojitos de obstaculizar la gestión de Henri Falcón. Una situación tras la cual las únicas víctimas serían los larenses, quienes dependen de las obras que deben ponerse en marcha en el estado como los trabajos en la avenida Ribereña, específicamente en el Distribuidor Uruguay.
La mayor cantidad de los recursos adeudada, BsF. 150 millones, se encuentran comprometidos en obras de salud como las cloacas del Hospital Central Antonio María Pineda, reparaciones en sus pasillos y la compra del tomógrafo, además otras para el Hospital Pediátrico y el Hospital de Palavecino.
De esta situación estarían conscientes los integrantes del Consejo Estadal de Planificación, que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezados por los diputados Orlando Miranda y Luis Jonás Reyes, así como los alcaldes liderados por Amalia Sáez. Sin embargo, no harían un esfuerzo por impedir la crisis.
Lucena informó que en atención a la protesta protagonizada por las comunidades, en el Parlamento se montó todo un aparato destinado a fomentar la toma militar del CLEL, donde se llegó a agredir a varias damas participantes en la manifestación (quienes elevarán sus denuncias al respecto), para interrumpir de forma abrupta la última sesión del primer periodo legislativo. Criticó la decisión tomada por el presidente del órgano, Orlando Miranda, de suspender la sesión ante la protesta de los dirigentes comunitarios, aun cuando las sesiones suelen llevarse a cabo en medio de reclamos del público.
“No hay explicación para que el diputado Miranda, quien presume ser el presidente del CLEL, haya suspendido la sesión, sabiendo que era la última de este primer periodo, y lo peor, convocando una en horas de la noche, para la cual se impidió que cualquier persona se acercara al Consejo Legislativo, incluyendo a los cinco diputados de los factores democráticos que hacemos vida en el parlamento, ni siquiera convocándolos”.
Por ello, para los diputados de la bancada opositora la sesión tiene visos de ilegalidad y de nulidad, porque no se cumplieron los pasos para que verdaderamente se pudiera sesionar.
Foto: Dedwison Álvarez
